Corte Interamericana pide reincorporar jueces Hondureños

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Honduras a reincorporar o indemnizar a tres jueces y una magistrada que fueron destituidos de sus puestos por su oposición al golpe de estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya.

Según la sentencia, hecha pública por la Corte el martes en Costa Rica, los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, "realizaron distintas actuaciones a favor de la democracia y del Estado de Derecho" que provocaron la apertura de procesos disciplinarios en su contra y culminaron en la separación de los jueces de sus cargos durante los meses de junio y julio de 2010 durante la administración del presidente Porfirio Lobo.

En el caso de la magistrada Flores Lanza, su expulsión de la carrera judicial se debió a que ejerció una acción de amparo a favor del presidente Zelaya y contra el entonces Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, General Romeo Vázquez, responsable último de la detención y expulsión del país del presidente constitucional el 28 junio de 2009.

López Lone fue destituido por participar en una manifestación contra el golpe de estado.

Barrios Maldonado, que también es catedrático de Derechos Constitucional fue separado de su cargo por publicar un artículo en un diario local en el que se explicaban los argumentos por los que consideraba un golpe de estado lo sucedido con el presidente Zelaya y no una sucesión constitucional como argumentaban los golpistas.

Chévez de la Rocha fue detenido al cuestionar las acciones policiales en el marco de una manifestación y destituido.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional.

Zelaya había convocado a una consulta popular para instalar una cuarta urna en las elecciones generales que iban a celebrarse en noviembre de 2009. En esa cuarta urna pretendía consultar sobre una asamblea constituyente que aprobara una nueva constitución para Honduras. La justicia le prohibió hacerlo y, cuando el presidente trató de seguir adelante, el ejército, con el apoyo mayoritario de los dos partidos que controlaban el congreso, el Partido Nacional y Partido Liberal, lo detuvo y expulsó del país.

Tanto Las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos consideraron que lo sucedido fue un golpe de estado, algo que más de cinco años después no es aceptado por el gobierno de Honduras que se refiere al golpe con eufemismos como "el problema o la crisis política de 2009".