Colombia: envían a prisión por malversación ayuda a niños

Un juez envió a prisión a tres personas por presunto desfalco al erario a través de un programa para la alimentación de los niños de La Guajira, uno de los departamentos más deprimidos y abandonados de Colombia.

La determinación afectó a María Isbelda Hernández, servidora del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; a Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir, y a Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados, explicó el lunes la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Lizarazo, por ejemplo, vendía los refrigerios y mercados con un sobrecosto elevado --casi del 50%-- a la Fundación un Vivir Mejor, permitiendo así que ésta adulterara las facturas para que reportara un valor aún mayor al instituto de bienestar familiar con el fin de apropiarse del excedente, indicó el reporte del ente investigador.

Los tres deberán responder por su presunta participación en los delitos de peculado, falsedad y concierto para delinquir (o el acuerdo entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes).

La investigación de la Fiscalía dice que estas tres personas supuestamente participaron en un desfalco por 2.217 millones de pesos (765.539 dólares) a Bienestar Familiar en La Guajira a través de contratos suscritos este año para la atención integral de la primera infancia, niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes.

El comunicado de la Fiscalía precisó que "la investigación, que se centró en uno de los 73 operadores contratados, conocido como Fundación un Mejor Vivir, permitió establecer que este celebró con el ICBF los contratos 375 y 383 de 2015, por valores (cada uno) de más de cinco mil millones (1.726.519 de dólares), los cuales fueron cobrados de manera fraudulenta".

Dentro de la misma investigación también se rastrearon dos contratos de 2011 por un valor de 18.600 millones de pesos (6,4 millones de dólares) "para la reducción de la mortalidad infantil en el municipio (de Albania, La Guajira); sin embargo fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos".

En total hay 11 personas vinculadas a la investigación: dos funcionarios públicos y nueve particulares.

La directora nacional de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, comentó a la prensa que "esta mafia es peor que el narcotráfico porque además tiene muchas personas involucradas: hay presiones políticas, hay presiones de intereses particulares, hay algunos funcionarios el ICBF", el instituto de bienestar familiar.

La Guajira, en la costa Caribe colombiana, es uno de los departamentos más pobres del país y mucha de su población es indígena. Constantemente organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación locales denuncian la muerte de niños de ese departamento por hambre y sed.