Heridas no cierran a 30 años de toma de Palacio de Justicia

Treinta años después de la toma guerrillera del Palacio de Justicia en Bogotá y la recuperación del edificio por parte de las fuerzas del orden, las heridas aún no cicatrizan y nadie sabe con certeza qué pasó en aquellos dos días que cambiaron la historia reciente de Colombia.

"Han sido 30 años de más mentiras que verdades", dijo Rosa Milena Portela, hermana de Luz Mary Portela, quien durante tres décadas figuró como desaparecida y cuyos restos óseos fueron exhumados recientemente de una fosa común en un cementerio de Bogotá. "Por eso es que no hemos podido sanar las heridas", agregó la mujer de 36 años en entrevista con The Associated Press.

El 6 de noviembre de 1985 un comando del ya desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el Palacio de Justicia y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).

En respuesta, el gobierno ordenó la recuperación del edificio y a lo largo de 28 horas de fuego cruzado murieron casi un centenar de personas, entre ellas prácticamente todos los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. Otras 12 personas fueron reportadas como desaparecidas, la mayoría empleadas de la cafetería de la sede judicial, y la guerrillera Irma Franco.

Esta semana, y por primera vez Betancur, de 92 años, dijo: "si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas".

Pero Portela no está preparada para perdonar hasta que su familia reciba los restos de su hermana y "nos digan la verdad porque Luz Mary salió viva del Palacio".

Durante 20 años el proceso por los hechos del Palacio permaneció estancado en los despachos judiciales hasta que en 2005 la entonces fiscal Ángela María Buitrago se dio a la tarea de reconstruir la historia de los desaparecidos para llevar al banquillo a los responsables.

Tras meses de investigación, Buitrago consiguió que se condenara al general en retiro Jesús Armando Arias y al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas a 35 y 30 años de prisión, respectivamente.

Los uniformados, presos en guarniciones militares, han alegado su inocencia y están a la espera de que la Corte Suprema revise sus casos.

"Nos acabaron la vida con todo esto", dijo a AP la congresista Thania Vega, esposa de Plazas, preso desde 2008.

A principios de 1990, el M-19 entregó las armas. Ninguno de sus rebeldes pagó un día de cárcel por los hechos del Palacio y, por el contrario, muchos de ellos terminaron como ministros, congresistas, gobernadores y finalmente consiguieron el segundo cargo más importante del país de elección popular: la alcaldía de Bogotá.

"La toma fue un error garrafal por parte del M-19", sostuvo vía telefónica el senador Everth Bustamante, exintegrante del grupo guerrillero.

La abogada Alejandra Rodríguez, de 30 años, comentó que su corazón no alberga odio, pero pidió "que me respeten el derecho de no olvidar". Es hija de Carlos Rodríguez, quien trabajaba en la cafetería y, según las autoridades, salió vivo del edificio judicial. "Buscaré a mi papá hasta el último día de mi vida", dijo a la AP.

El tema de los desaparecidos volvió a la escena pública dos semanas atrás cuando el fiscal general Eduardo Montealegre anunció el hallazgo de tres osamentas.

Desde ese anuncio los familiares de casi todas las víctimas que murieron quemadas en el Palacio han pedido que se establezca científicamente si en verdad les entregaron el cadáver de sus seres queridos.

En noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio de Justicia y por las torturas que sufrieron varias personas después de la retoma.

Con base en esa sentencia, la Fiscalía abrió recientemente un proceso a 14 militares en retiro, entre ellos cuatro generales, por los vejámenes que les habrían infringido a 11 personas.