Honduras: Juicio a vicepresidenta de Congreso por corrupción

Un juez especial inició el miércoles un juicio formal a la vicepresidenta del Congreso y diputada del oficialista Partido Nacional, Lena Gutiérrez, en un caso de venta irregular de medicamentos que ha sacudido al país y derivado en protestas multitudinarias contra la corrupción e impunidad en Honduras.

La decisión fue adoptada por el presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, contra Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más. El máximo tribunal designó a Rivera para llevar el proceso dada la investidura política de la encausada.

Tras permanecer 18 días bajo arresto domiciliario en julio, la congresista pagó una fianza de 907.000 dólares para quedar en libertad mientras se defiende de los cargos.

Gutiérrez y sus parientes son acusados de cinco delitos vinculados al uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto del Seguro Social y la Secretaría de Salud. La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.

Andrés Asfura, abogado defensor de la familia Gutiérrez, dijo a The Associated Press que apelará la resolución.

Informó que la diputada y su familia no acudieron a la audiencia, pero no precisó los motivos. Otro abogado de Gutiérrez, Eduardo Montes, fue asesinado a puñaladas hace dos semanas en esta capital por un joven presuntamente esquizofrénico que dijo actuar en defensa del pueblo.

En el caso, en que supuestamente murieron más de 3.000 personas por consumir medicamentos adulterados, están involucrados el padre de la diputada, Marco Tulio Gutiérrez, y sus hermanos Ginnette y Julio César, así como una docena de socios y empleados del Laboratorio AstroPharma.

Rivera concluyó ya la fase de instrucción y preparación del sumario del proceso contra Gutiérrez, tras tomar las declaraciones testificales y obtener del Ministerio Público las pruebas precisas.

La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. También era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.

El juicio se produce en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras casi a diario contra la corrupción e incluso exigen la renuncia del presidente.

El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio luego que se hicieran públicas las irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 300 millones de dólares. Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.

Además concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas "fachada" y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.

El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al Estado, mientras más de 66% de los 8,6 millones de hondureños vive en la pobreza. La impunidad en Honduras es de 96%, según estadísticas oficiales.