En las últimas semanas, la normalmente soñolienta costa del Caribe norte de Nicaragua ha entrado en erupción por los enfrentamientos mortales entre indios miskitos y colonos, procedentes de la parte occidental del país.

Al menos nueve personas murieron y más de 20 resultaron heridas en septiembre, mientras que cientos de miskitos han huido de sus tierras ancestrales y en algunos casos, hasta cruzaron la frontera hacia la vecina Honduras.

El conflicto estalló cuando los miskitos tomaron las armas para tratar de expulsar a una reciente ola de mestizos atraídos en parte por los ricos bosques de madera dura tropical de la zona. Algunos de los nuevos pobladores talan áreas del bosque tropical para dedicar el terreno a la cría de ganado.

Los líderes miskitos les llaman los "colonos" y los acusan de apoderarse por la fuerza de las tierras consideradas tradicionalmente como propiedad comunal, de robar las reservas de alimentos y de abusar de la gente del lugar.

"Nuestra gente se va a (Honduras) porque la comida comienza a escasear, no hay medicina... La cosecha de arroz está en nuestras tierras, pero no podemos ir allí porque los colonos nos matarán", dijo Lacio Rivas, líder de la comunidad de Santa Fe, una pequeña aldea en los meandros del río Coco, que forma la frontera entre las dos naciones centroamericanas.

Apenas existen carreteras a algunas ciudades de la zona, de modo que la región está aislada en gran parte del resto de Nicaragua. Los pobladores tienen que remar por vías navegables en canoas, lavan la ropa en los arroyos y viven en casas construidas de madera y de metal corrugado, levantadas sobre pilotes. Según las estadísticas oficiales, al menos el 70 por ciento de los residentes vive en la pobreza.

Los miskitos que resisten a los colonos patrullan el terreno húmedo con embarradas botas altas de cortar caña. La mayoría están armados con armas rústicas -- lanzas de pesca de dos puntas, cuchillos, machetes, arcos y flechas -- pero algunos llevan rifles que dicen haber obtenido al enfrentar a los invasores.

Las autoridades acusan a los comunitarios de intensificar el conflicto al incendiar los asentamientos. Los miskitos afirman que la policía ha ingresado en la zona considerada como su reino.

"Esto es culpa de los colonos. Hemos estado en nuestras tierras desde hace miles de años, y vienen y nos invaden. Les pedimos que salgan y comienzan a disparar contra nosotros", dijo Ambrosio Laicot, un aldeano de La Esperanza, que perdió su ojo derecho en un choque. "Ellos no tienen respeto por nuestra alma, por lo que no tenemos ningún respeto por ellos."

Alex Fernández, alcalde del municipio fronterizo de Waspam, dice que no tiene un conteo preciso de cuántos pobladores se han ido a Honduras, pero cree que son cientos.

Muchos más se han asentado en otras partes de Nicaragua. En Francia Sirpi, que tiene una población de alrededor de 2.400, unas 1.000 personas se han esfumado para ir a Puerto Cabezas, capital de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y al menos 200 personas han buscado refugio en Waspam.

"Ellos huyen de la violencia, la sangre y la muerte, que puede provenir de hambre por falta de alimentos o de las balas de los colonos", dijo Fernández.

Tradicionalmente la región costera caribeña de Nicaragua ha sido poblada por tres pueblos indígenas -- los miskitos, mayagnas, los rama-- los afrodescendientes garífunas y grupos criollos. En gran medida han administrado sus propios asuntos de acuerdo con la costumbre, la tradición local y las leyes de autonomía que prohíben la venta de las tierras comunales.

Pero el presidente Daniel Ortega asegura que hay corruptos que han "vendido" terrenos a los mestizos colonos del occidente de Nicaragua, que sabidos de la ilegalidad de los títulos se asientan en la zona.

"Los estafadores llegan y contactan a líderes comunitarios, les dan algo de dinero y elaboran documentos, que no tienen validez y luego venden bienes a los que llegan desde el lado Pacífico" del país, dijo Ortega recientemente.

El presidente ha ordenado una investigación. Pero algunos líderes miskitos alegan que los funcionarios del gobierno con vínculos financieros con empresas madereras son, de hecho, quienes apoyan a los colonos.