Un coronel en retiro del Ejército aceptó el martes haber sido coautor material de la muerte de 32 civiles a los que las unidades militares presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combate, se informó oficialmente.

Robinson González del Río y su abogado acudieron a un complejo judicial cerca del centro de Bogotá para escuchar los cargos formulados por la fiscalía.

De acuerdo con los fiscales, González habría incurrido en delitos como homicidio, portación ilegal de armas de fuego y falsedad en documentos públicos.

"(González) se encargaba de ubicar a personas con antecedentes judiciales y luego, en supuestos combates, daba la orden de fusilarlos para hacerlos pasar como muertos en combate y sumar positivos a su hoja de vida", explicó el organismo en un comunicado.

La fiscalía detalló en la audiencia pública que los militares "les colocaban una mochila a cada supuesto guerrillero, en ella les echaban limones, pan, leche, panela y accesorios de campaña". También les aprovisionaban de fusiles, escopetas y granadas para que apareciera pólvora en sus manos.

González se encuentra detenido en La Picota, una cárcel del sur de Bogotá. Enfrenta una pena de hasta 50 años de prisión, la cual podría ser reducida hasta por la mitad debido a su colaboración con las autoridades.

En junio del año pasado, González afirmó a medios locales que --por presiones de mandos superiores y a cambio de dinero-- comandó el asesinato de civiles en departamentos del suroeste colombiano, donde su unidad tenía jurisdicción.

El militar retirado detalló en esa oportunidad que los civiles asesinados eran jóvenes venidos de otras regiones como Bogotá, miembros de grupos delictivos, así como guerrilleros y paramilitares desmovilizados a los que citaban bajo falsas promesas de trabajo para luego emboscarlos en parajes oscuros.

Los asesinaban y los vestían con uniformes para hacerlos pasar como bajas en combate, más conocidos aquí como "falsos positivos".

González del Río contó que por ofrecer reportar bajas de guerrilleros ante sus superiores recibió pagos de entre dos y cinco millones de pesos (entre 646 dólares y 1.615 dólares).

En octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, el hoy mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares dado que por acción u omisión habrían sido permisivos en la comisión de ejecuciones extrajudiciales de civiles.

De acuerdo con datos de la fiscalía, unos 3.000 colombianos habrían sido víctimas de la práctica de los "falsos positivos". Varios centenares de militares han tenido que responder por estos hechos y muchos de ellos ya han sido condenados.