El presidente en funciones de la Generalitat catalana, Artur Mas, fue imputado y citado a declarar por un tribunal por su papel en la consulta popular del año pasado sobre la independencia de Cataluña. El plebiscito se celebró pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

Mas debe comparecer el 15 de octubre para declarar sobre el referéndum de independencia que convocó el 9 de noviembre de 2014, afirmó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

En elecciones regionales el domingo, la alianza independentista Juntos por el Sí, de Mas, obtuvo 62 de las 135 bancas del Parlamento catalán, seis menos de las necesarias para la mayoría absoluta. Mas había prometido buscar la secesión si obtenía las 68 bancas.

Cataluña calificó el referéndum de 2014 de proceso informal para tratar de soslayar la orden de suspensión. El Tribunal Constitucional lo declaró posteriormente anticonstitucional.

Funcionarios catalanes dijeron que de 6,3 millones de votantes registrados, 2,3 millones acudieron a las urnas y la mayoría se pronunció por la separación.

La fiscalía le acusa de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, así como de obstrucción a la justicia. De ser juzgado y declarado culpable, enfrentaría un período de inhabilitación para ejercer cargos públicos o hasta un año de prisión.

Otros dos líderes políticos catalanes están bajo investigación.

Después del referéndum, Mas presentó las elecciones legislativas del domingo como una votación por la independencia.

Además de no obtener la mayoría absoluta, Juntos por el Sí y el CUP, el otro partido independentista, sumaron el 48% de los votos, mientras los partidos que se oponen a la independencia obtuvieron el 52%.

Mas debe buscar apoyo en el Parlamento para formar gobierno con el CUP, pero un partido anticapitalista que obtuvo 10 bancas dijo que respaldará la alianza pero no las aspiraciones de Mas a la presidencia regional.

España descarta cualquier posibilidad de independencia, que considera anticonstitucional. El gobierno central en Madrid ha jurado utilizar todos los medios a su alcance para impedir la secesión.

Los parlamentarios electos deben ocupar sus bancas el 26 de octubre y elegir el presidente regional antes del 9 de noviembre.