Estuardo Salvador González, supuesto integrante de la estructura que defraudó al fisco guatemalteco, declaró el lunes ante un juez que sabía que el 50 por ciento de los sobornos que este grupo recibía era entregado al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Por este caso, Pérez Molina y Baldetti tuvieron que renunciar al cargo, fueron ligados al proceso y guardan prisión preventiva mientras la fiscalía les investiga.

González, alias "Eco", está detenido desde el 16 de abril, cuando se hizo pública la denuncia. Con su declaración judicial, confirma las acusaciones de la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que aseguran que Pérez Molina y Baldetti eran parte de una red de funcionarios y particulares que recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.

"El 50 por ciento de ese cobro, de lo que se recaudara iba a ser entregado al presidente y el vicepresidente... yo tenía que llevar el control de eso... fui yo quien identificó como '1' y '2' al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero", dijo González en su declaración.

Aseveró que llegó a formar parte de la estructura por conocer a Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta, quien está prófugo y es señalado de ser el líder del grupo. Añadió que luego recibió la recomendación de la ex vicepresidenta para tratar temas vinculados a la recaudación aduanera a pesar que no tenía experiencia en esto.

Al finalizar su declaración González se mostró arrepentido y pidió disculpas especialmente a su familia.

"Sé que lo que terminé haciendo fue dándole apariencia de legalidad a transacciones que no lo era", manifestó.

González rindió su declaración en una audiencia programada para este lunes a fin de que el juez resuelva si al menos 17 procesados irán o no a juicio.

Tras el anuncio de la fiscalía y la comisión internacional en abril pasado sobre la desarticulación de la estructura, miles de guatemaltecos salieron a las calles a protestar exigiendo el fin de la corrupción y la renuncia de los entonces mandatarios de la nación.

Tras meses de protestas y con la solicitud de la fiscalía y la comisión de retirar la inmunidad a Pérez Molina y Baldetti, ambos renunciaron, aunque han negado los cargos en su contra. Un juzgado de extinción de dominio mantiene cuentas bancarias inmovilizadas y propiedades embargadas hasta establecer si estas fueron adquiridas en forma lícita o no.