Un tribunal dominicano declaró inconstitucional un reciente acuerdo que otorga diversos privilegios al personal militar y civil del Departamento de Defensa estadounidense desplegado en el país caribeño en programas de cooperación, humanitarios y de asistencia en la lucha contra el narcotráfico.

Los privilegios del convenio "limitan el ejercicio de la soberanía nacional y suponen una injerencia por tiempo indeterminado por cuerpos militares extranjeros", indicó el tribunal Constitucional en la sentencia emitida el 25 de septiembre y difundida el lunes.

El fallo decidido por unanimidad de los 12 jueces establece que los beneficios otorgados por el acuerdo y su vigencia por tiempo indefinido constituyen "un quebrantamiento de la soberanía nacional y, consecuentemente, del Estado dominicano".

La embajada estadounidense en Santo Domingo no respondió de momento la solicitud de comentarios por parte de The Associated Press.

Miguel Medina, vocero de la Cancillería dominicana, explicó por teléfono desde Nueva York que esa institución aún no tenía una posición sobre el fallo del Tribunal.

El acuerdo fue suscrito el 20 de enero por el canciller dominicano Andrés Navarro y el embajador estadounidense James Brewster, con la presencia como testigo del jefe del comando sur estadounidense John Kelly. El convenio esperaba la aprobación del Congreso para su puesta en ejecución.

Brewster había explicado el 20 de enero, al firmar el convenio, que el documento "canaliza nuestra planificación para futuros ejercicios militares y actividades vinculadas en temas de seguridad".

Entre los privilegios que establecía el acuerdo al personal estadounidense y a sus contratistas no dominicanos se encuentran la libre circulación de sus aeronaves y embarcaciones sin el pago por el uso de puertos y aeropuertos y sin la inspección ni abordaje de control por parte de las autoridades locales.

El acuerdo también establecía diversos beneficios fiscales, como la exención del pago de peajes y el uso sin costo del espacio radioeléctrico dominicano y el permiso para el porte y uso de armas.

El gobierno dominicano renunciaba al derecho de entablar reclamaciones por hechos cometidos por el personal estadounidense que afectaran a la propiedad o a la integridad física de sus ciudadanos.

"Lo anterior comporta, para los ciudadanos dominicanos que pudieran encontrarse en tales situaciones, una ostensible degradación de derechos fundamentales -tales como la dignidad humana, derecho a la vida", consideró el Tribunal.

El Tribunal Constitucional analizó el convenio por solicitud del poder ejecutivo de forma previa a su aprobación por parte del Congreso.