Cientos de discapacitados mentales que fueron deportados en los últimos años podrían regresar a Estados Unidos legalmente, según un acuerdo extrajudicial aprobado el viernes por una jueza federal.

La aprobación de la jueza Dolly M. Gee cubre a inmigrantes con discapacidades mentales graves que fueron deportados sin que su competencia mental haya sido establecida y luego de representarse a sí mismos en la corte.

Los afectados tienen que haber sido detenidos en los estados de California, Arizona y Washington y haber recibido órdenes de deportación entre noviembre del 2011 y enero de este año.

"La corte establece que el acuerdo es justo, adecuado y razonable y lo aprueba", dijo la juez.

Los casos serán reabiertos y, de ser aprobados, el gobierno ayudará a los afectados a regresar al país, pagando incluso por los costos de transporte de algunos inmigrantes.

"Este es un acuerdo verdaderamente histórico", dijo Carmen Iguina, abogada de la Fundación de la Unión Americana para las Libertades Civiles del Sur de California, una de las organizaciones que representó a los demandantes en la querella colectiva contra el gobierno.

"Estamos muy felices de que los miembros de (esta demanda colectiva) van a poder regresar a sus comunidades, a sus familias para poder seguir sus casos acá", agregó la abogada.

Muchos de los afectados son hispanos pero no hay manera de saber exactamente cuántos, añadió la abogada.

Más de 900 notificaciones han sido enviadas a personas en Estados Unidos y el extranjero y se prevé que muchas de ellas aprovechen el acuerdo, agregó la abogada.

El acuerdo surge a raíz de una demanda presentada en el 2010 a nombre de José Antonio Franco González por la fundación del ACLU del Sur de California, el bufete Sullivan & Cromwell LLP, las organizaciones Public Counsel, Northwest Immigrant Rights Project, Mental Health Advocacy Services, el Proyecto de la ACLU para los Derechos de Inmigrantes, la ACLU de los condados de San Diego & Imperial, y la ACLU de Arizona.

En el 2013, una orden judicial derivada de la demanda sostuvo que los inmigrantes con discapacidades mentales serias tienen derecho a representación legal si se demuestra que son incompetentes para representarse a sí mismos.

Al año siguiente, otra orden judicial ordenó que el gobierno federal ofreciera evaluaciones integrales y determinaciones de competencia mental.

Estos fallos, sin embargo, dejaron al aire los casos de cientos de inmigrantes que habían sido deportados antes de que las órdenes judiciales entraran en vigor.

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