El gobierno de México matizó su versión oficial según la cual los 43 estudiantes desaparecidos fueron calcinados en un basurero y ha pasado a considerarla sólo una hipótesis.

Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, indicó el viernes en un encuentro con la prensa extranjera que la teoría oficial de los hechos que el ex fiscal general Jesús Murillo Karam calificó de "verdad histórica" es sólo una "línea de investigación abierta" y subrayó que hasta que los tribunales no se pronuncien no se podrá hablar de una "verdad jurídica".

En noviembre, Murillo Karam aseguró, basándose en las declaraciones de los supuestos autores materiales de los crímenes, que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido detenidos en Iguala, Guerrero, por policías locales coludidos con el narcotráfico que los entregaron al cártel de los Guerreros Unidos. Siempre según el ex fiscal general, miembros de ese grupo los llevaron al basurero del municipio vecino de Cocula donde hicieron una hoguera y los calcinaron. Posteriormente, sus restos habrían sido arrojados a un río cercano en bolsas de plástico.

Betanzos incluso dijo que ni siquiera el estudiante Alexander Mora, uno de cuyos huesos estaba en una bolsa recuperada en ese río y que fue identificado mediante pruebas de ADN, ha sido considerado como muerto por los jueces sino que legalmente se mantiene en calidad de desaparecido.

En la misma calidad estaría Jhosivani Guerrero que también fue identificado pero con mucha menos certeza porque, debido a lo deteriorado de los restos hallados en el río, solo se pudieron realizar análisis genéticos experimentales y más imprecisos.

Las afirmaciones de Betanzos llegan al día siguiente de que el presidente Enrique Peña Nieto recibiera a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, y semanas después de que un informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas echara por tierra la versión del basurero al asegurar que los 43 no pudieron haber sido incinerados en ese lugar.

El documento afirma que lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes fueron a Iguala a tomar autobuses para participar en una manifestación, fue un ataque desproporcionado y coordinado, cometido por policías vinculados al crimen organizado que actuaron bajo la atenta mirada de las fuerzas federales, las cuales no hicieron nada por ayudar a las víctimas.

El informe denunció también omisiones de las autoridades, casos de obstrucción a la justicia e incluso destrucción de pruebas y recomendaron investigar a los funcionarios que pudieran resultar implicados.

Pero aunque una de las peticiones de los padres de los 43 es que se investigue al exprocurador Murillo Karam, Betanzos no se quiso pronunciar al respecto y solo dijo que en este caso "no hay espacio para la impunidad" y que las investigaciones están "abiertas".

Betanzos también matizó otra de las afirmaciones del exfiscal al afirmar que no hay "ningún elemento que indique infiltración del crimen organizado en los estudiantes".

Los expertos internacionales también sugirieron que los jóvenes pudieron haber tomado por error un quinto autobús con heroína o dinero-- ya que desde Iguala se trafica con esta droga hacia EEUU-- y que por eso les atacaron.

Al ser preguntado al respecto, el subprocurador afirmó que ese vehículo está en custodia de la fiscalía general, sin aportar más datos.

Con respecto a la búsqueda de los 43 estudiantes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró se mantiene buscándoles tanto vivos como muertos y que la Policía Federal está llevando a cabo búsquedas individualizadas a raíz de las declaraciones que están dando los más de 100 detenidos.