Los agentes federales de inmigración regresarán a las cárceles del condado Los Ángeles, con algunas limitaciones, para identificar a reos deportables, bajo una política anunciada el martes por el alguacil Jim McDonnell.

La medida se da pocos meses después de que supervisores votaron a favor de cancelar un programa controversial que permitía a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) trabajar dentro de las prisiones para examinar el estatus de inmigración de reos.

En un memorándum enviado a la Junta de Supervisores, McDonnell dijo que ahora permitirá al ICE tener acceso sólo a reos que hayan cometido delitos graves y que cubran las condiciones estipuladas en la Ley de Confianza de California. La ley emitida en 2013 limita la colaboración entre agentes judiciales locales y autoridades federales de inmigración.

Bajo los nuevos lineamientos, los funcionarios de prisión también notificarán al ICE con al menos siete días de anticipación sobre la fecha de liberación de esos reos para que agentes puedan iniciar procedimientos de deportación. Esta protección fue a solicitud de defensores de la inmigración, escribió el alguacil.

Los reos cuya liberación sea informada al ICE por parte del Departamento del Alguacil serán notificados e informados de su derecho a tener asesoría jurídica.

El supervisor Michael D. Antonovich dijo en un comunicado breve que él y sus colegas miembros de la junta apoyan la nueva política.

McDonnell escribió que los nuevos procedimientos equilibran las necesidades de seguridad pública y las preocupaciones de comunidades de inmigrantes, así como "las igualmente complejas y apasionadas posiciones de grupos en ambos lados del debate sobre inmigración".

Defensores de inmigrantes dijeron que la política podría conducir a encasillamiento racial y aumentar la desconfianza en la fuerza judicial entre comunidades de inmigrantes.

"Es una política que enmaraña la aplicación del derecho penal local con leyes de inmigración civiles injustas y caducas", dijo Pablo Alvarado, director de la National Day Laborer Organizing Network.

McDonnell señaló que la nueva política fue redactada después de tres reuniones comunitarias a las que asistieron casi 400 personas y de muchas reuniones privadas con intercesores, funcionarios de inmigración y otras agencias judiciales del área.

La relación entre agencias judiciales locales y funcionarios federales de inmigración ha estado bajo escrutinio desde el asesinato a balazos de una mujer en un muelle de San Francisco en julio.

Fiscales dicen que un hombre que se encuentra en el país sin permiso cometió el homicidio después de haber sido puesto en libertad por una autoridad local.