Se calcula que 5,6 millones de personas que solicitaron o recibieron acreditaciones de seguridad en Estados Unidos se vieron afectadas por el robo de datos dactiloscópicos, en uno de los peores ciberataques al gobierno, anunció el miércoles la Oficina de Administración de Personal del gobierno. La cifra es mucho mayor a las 1,1 millones de personas que se calcularon en un principio.

El gobierno cree que la agencia fue víctima de una operación de espionaje chino que afectó a unos 21,5 millones de empleados federales, exempleados o solicitantes de empleo. El robo podría dar a los servicios de inteligencia chinos una ventaja para el posible reclutamiento de informantes dentro del gobierno estadounidense, creen los expertos. También podría ayudar a los chinos a identificar espías de Estados Unidos en el exterior, según funcionarios estadounidenses.

La Casa Blanca dijo que discutirá la ciberseguridad con el presidente chino Xi Jinping cuando visite al presidente Barack Obama esta semana.

El gobierno de Obama no ha culpado públicamente a China ni ha tomado ninguna medida pública como represalia.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) sostiene que la capacidad de un adversario para aprovechar esos datos robados es limitada pero admitió que "esto podría cambiar con el tiempo a medida que avance la tecnología".

Para las agencias de inteligencia estadounidenses, la noción de que los chinos tienen datos dactilares de millones de personas con acreditación federal de seguridad, algunos de los cuales podrían ser agentes de inteligencia en el exterior, es de suma preocupación. Todo agente de inteligencia cuya identidad dactiloscópica haya sido registrada enfrentaría un riesgo grave trabajando en la clandestinidad.

El vocero de la OPM Samuel Schumach dijo en una declaración que la agencia identificó "datos dactiloscópicos adicionales no analizados previamente" mientras colaboraba en la investigación con el Departamento de Defensa. Mike Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad del Pentágono, dijo que su agencia colabora.

Los republicanos acusaron al gobierno de demorar la actualización en momentos en que Washington está ocupado con la visita papal. El senador republicano Ben Sasse acusó al gobierno de actuar como si la intrusión "fuera una crisis de relaciones públicas en vez de una amenaza a la seguridad nacional".

Schumach respondió que la agencia solo "muy recientemente" se enteró de los nuevos datos robados.

La intrusión en la OPM costó el cargo a la directora.