El presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC anunciaron el miércoles un trascendental acuerdo que prepara el terreno para poner fin a un conflicto armado que ha desangrado el país en los últimos 50 años.

En una declaración conjunta el mandatario y los rebeldes, encabezados por su máximo líder, "Timoleón Jiménez", o "Timochenko", dijeron que superaron un obstáculo significativo para lograr un acuerdo de paz, al decidirse por una fórmula para reparar a las víctimas, y castigar a los rebeldes y militares por los abusos que hayan cometido en contra de los derechos humanos durante décadas de guerra.

"Vamos a lograr el máximo de justicia para las víctimas y no habrá impunidad", dijo Santos. "Con Timochenko, hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación".

Según este acuerdo, los rebeldes que confiesen sus crímenes, indemnicen a las víctimas y prometan no tomar de nuevo las armas recibirán hasta ocho años de restricción de libertad en áreas no definidas, pero que permita su tarea de reparación de las víctimas, bien sea a través de programas sociales o de colaboración directa con la población.

El acuerdo incluye la creación de una jurisdicción especial que investigue estos delitos y sancione a sus responsables, y la no amnistía para los autores de delitos de lesa humanidad.

Entre estos delitos se mencionó la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la toma de rehenes, el desplazamiento, y la violencia sexual.

Según el documento presentado el miércoles y firmado por Santos y Timochenko, "la dejación de armas, deberá comenzar a más tardar 60 días después de la firma del Acuerdo Final".

Pero los negociadores aún deben acordar la desmovilización de los guerrilleros, la entrega de armas, las garantías de no repetición y los detalles para la reparación de las víctimas. También se prevé la participación política de los guerrilleros desmovilizados.

Santos también ha prometido dar a los colombianos la oportunidad de expresar su opinión sobre los acuerdos mediante un referéndum.

El proceso judicial previsto en esta jurisdicción especial estará basado en el reconocimiento de la verdad y de los delitos cometidos. Quienes reconozcan delitos muy graves serán condenados a un mínimo de cinco años y a un máximo de ocho años de restricción de la libertad en condiciones especiales.

Los que se nieguen a reconocer delitos y resulten culpables podrán pasar hasta 20 años de cárcel y sus procesos serán tramitados por la justicia ordinaria.

"Esta jurisdicción para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes" dijo Timochenko el líder guerrillero quien señaló que este acuerdo comprende penas más duras de las aprobadas por el Estado en contra de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe.

"Pero si todo el país se une, antes de seis meses estaremos dándole al país la buena nueva", agregó.

El anuncio fue hecho en La Habana con la presencia de Raúl Castro, donde representantes del gobierno y de la guerrilla han sostenido negociaciones desde hace casi tres años para tratar de poner fin a más de medio siglo de confrontaciones.

El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, dio la bienvenida al acuerdo que consideró "positivo" y atribuyó al Papa el empujón definitivo para el acuerdo

"Si usted recuerda, el domingo, el Papa tenía un interés muy fuerte por encontrar una solución al problema", dijo Lombardi a periodistas en Washington. El papa dijo el fin de semana que Colombia no podía permitirse un fracaso en su búsqueda de la paz.

Santos viajó temprano a La Habana adonde Timochenko, cuyo paradero hasta ahora se desconocía, ya había arribado. Ambos protagonizaron una imagen histórica cuando estrecharon sus manos frente a Raul Castro, que ejercía de anfitrión de la reunión.

El acuerdo plantea la creación de tres salas de justicia y un tribunal para la paz con cuatro secciones que no dependerá del poder judicial colombiano. En dicho tribunal participarán jueces colombianos y extranjeros.

Según un miembro del equipo negociador de las FARC, que pidió anonimato por no estar autorizado a hablar del tema, el acuerdo lo cerraron un grupo de seis juristas reunidos hasta la madrugada del viernes en Bogotá y fue trasladado a La Habana en el primer vuelo de la mañana para que lo firmaran las partes el viernes pasado.

En la actualidad, unos 6.400 guerrilleros integran las FARC cuando hace algo más de una década eran más de 20.000 según cálculos oficiales. "El gobierno acepta que delincuentes no vayan a la cárcel", dijo el expresidente Uribe al criticar el acuerdo. "Para los cabecillas se habla de trabajos sociales y esto es un mal ejemplo y provocará más violencia por lo que se priva a la víctima del derecho a la no repetición del delito".

En tres años de negociaciones, las partes han llegado a acuerdos sobre una reforma agraria, la participación política para los guerrilleros que dejen las armas y la forma de combatir conjuntamente el tráfico de drogas.

Como un gesto de buena voluntad respecto del proceso de paz, las FARC iniciaron el 20 de julio un cese unilateral al fuego que ha reducido la violencia política en el país a niveles también históricos. Paralelamente, la guerrilla participa conjuntamente con soldados colombianos en un plan para la eliminación de miles de minas antipersona terrestres sembradas por los rebeldes en algunas zonas del país.

Nada más anunciarse el acuerdo el fiscal general colombiano, Eduardo Montealegre, dio la orden de suspender las imputaciones penales contra los miembros de la cúpula de las FARC, entre ellos los seis del llamado Secretariado o máxima línea de mando de la organización rebelde.

Pero "suspender las imputaciones (de delitos) no significa que se suspendan las investigaciones", dijo.

El Fiscal enfatizó en que podría amnistiarse o indultarse a más de 16.000 miembros de las FARC por rebelión y delitos conexos. Adicionalmente no descartó la posibilidad de que, si se sella la paz, los guerrilleros que estén en prisión y lleven detenidos ocho o más años queden en libertad.

Pero en medio de estos gestos simbólicos un tema ralentizaba los avances: cómo castigar a los comandantes de las FARC, protagonistas de salvajes matanzas, desplazamientos y secuestros de colombianos, que en algunos casos tuvieron de años de duración.

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A este despacho contribuyó el corresponsal de The Associated Press en Bogotá, Libardo Cardona.

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