Guardias de centros penales de El Salvador, apoyados por policías supernumerarios que trabajan en la unidad de Protección de Personalidades Importantes y agente de la Policía Nacional Civil, marcharon el martes para exigir un bono de 600 dólares y un aumento salarial.

Los guardias en su mayoría con los rostros cubiertos con pasamontañas y acompañados por algunos policías, se congregaron frente a las instalaciones de la Dirección de Centros Penales, luego marcharon hasta las proximidades del ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para expresar su descontento por las condiciones laborales y salariales.

En la actividad de protesta solamente participaron los guardias de penales y policías que se encontraban de licencia, según afirmaron.

"Queremos que nos den el bono de 600 dólares como les dieron a los policías, también queremos una nivelación salarial de 1.000 para todos y que se firme ya el contrato colectivo", dijo a los periodistas el secretario general del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Guillermo Ascencio.

"Nosotros trabajamos en condiciones difíciles, queremos que el señor ministro (Benito Lara) lo reconozca, nosotros trabajamos en un lugar de peligrosidad y nos han dejado fuera de los 600 dólares que le dieron a los policías", dijo uno de los guardias de penales que tenía su rostro cubierto con pasamontaña y lentes oscuros y no se identificó por temor a represalias, dijo.

Los guardias de centros penales y los policías se han unidos para exigirle al gobierno un ajuste salarial de 1.000 dólares mensuales.

Los policías del nivel básico reciben un salario de 424 dólares al mes y según Ascencio sus salarios son mucho más bajos "y corremos mucho peligro", afirmó.

En los últimos meses los policías se han convertido en blanco de los grupos criminales que también han atacado a militares, guardias de penales y autoridades civiles.

Las pandillas han asesinado desde enero a 49 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 15 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal. En 2014 fueron asesinados 39 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia.

Las autoridades han dicho que los ataques de las pandillas buscan obligar al gobierno a negociar con ellos una nueva tregua, como la pactada en 2015 cuando los homicidios bajaron de 14 a cinco al día, pero el gobierno ha sido tajante y ha reiterado que no se sentará a negociar con grupos criminales.