Silvio Katz no recuerda cuánto tiempo estuvo atado de pies y manos a estacas sobre el fango, semidesnudo y a 30 grados bajo cero durante la guerra de Malvinas. Tampoco a los compañeros de batallón que fueron obligados a orinarle encima. Pero la humillación vivida está bien presente en su memoria.

Katz es uno de los soldados argentinos que pelearon contra Gran Bretaña por la soberanía de ese archipiélago en 1982 y que ha denunciado ante la justicia a sus superiores del Ejército por los vejámenes sufridos durante el conflicto.

Aunque hasta ahora la causa judicial no prosperó, la reciente desclasificación de los archivos secretos de las Fuerzas Armadas referidos a la guerra de Malvinas abre una esperanza para él y otros veteranos.

"En el medio de una guerra donde uno dice, tenemos que estar todos juntos porque tenemos un enemigo en común, bueno el enemigo en común era nuestro jefe de sección", inició su relato Katz, de 52 años, durante una entrevista con The Associated Press en su casa.

Parte del material desclasificado al que tuvo acceso AP incluye las denominadas "actas de recepción" completadas por los soldados tras la rendición argentina y en las que dejaron constancia de las secuelas físicas por los maltratos recibidos, que iban desde estaqueos, como el aplicado a Katz, a enterramientos en fosas, retaceo de alimentos y hasta el uso de cables de teléfono para aplicar descargas eléctricas.

También hay un acta de diciembre de 1982 firmada por el entonces comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, en la que ordena que "en los casos que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario... guardando la adecuada reserva de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo".

Katz resaltó que "con la apertura de estos archivos queda demostrado que la gente que nos torturó y castigó en Malvinas, a la vuelta fue castigada" e interpretó los documentos como un reconocimiento explícito de los tormentos por parte de las Fuerzas Armadas.

Jaqueada por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el derrumbe de la economía, la dictadura instaurada en 1976 dio un último manotazo para perpetuarse en el poder: invadió Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde el siglo XIX.

Miles de jóvenes conscriptos sin preparación fueron enviados a pelear contra una de las principales potencias militares del mundo, en condiciones climáticas hostiles y sin equipamiento apropiado. La excursión argentina por el archipiélago duró tres meses, con el saldo de 649 soldados argentinos y 255 británicos muertos.

"Estamos hablando de las mismas Fuerzas Armadas que fueron a Malvinas y actuaron en la represión contra el pueblo argentino", afirmó el veterano Ernesto Alonso, presidente de la comisión nacional de ex combatientes. Detalló que muchos oficiales recientemente condenados por crímenes de lesa humanidad contra disidentes también combatieron en Malvinas y aplicaron los mismos métodos represivos contra sus subordinados.

Katz recordó con lágrimas en los ojos que por hambre abandonó su posición para buscar comida. Cuando fue descubierto fue obligado a tirar los alimentos "donde íbamos todos a hacer nuestras propias deposiciones" y luego a "comer comida de entre nuestro propio excremento".

Como si no fuera suficiente, fue sujetado de sus extremidades al piso "en calzoncillos y camiseta, con 30 o 20 grados bajo cero".

"Uno pierde la noción del tiempo. Por ahí fueron 10 minutos, 15, dos horas. (El oficial a cargo) me hizo orinar por mis compañeros, amenazándolos con que si no lo hacían iban a ocupar mi lugar. No me puedo acordar quién me orinó", afirmó.

En 2007 Katz junto a otros ex combatientes se presentaron ante la justicia para denunciar los maltratos. En primera instancia los hechos denunciados fueron declarados crímenes contra la humanidad y por tanto imprescriptibles. Pero un tribunal superior revocó luego la medida con el argumento de que "no existe una conexión entre uno o más atentados individuales y una política estatal de ataque generalizado a un sector de la población".

En febrero, la Corte Suprema declaró prescripto un caso aunque aclaró que no se ha expedido sobre el fondo del asunto.

En respuesta, los ex combatientes denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de justicia.

"La tortura como delito de lesa humanidad debe ser parte de un proyecto sistemático y masivo de violación de derechos humanos llevado adelante por el Estado... Si bien la dictadura ejercía el control de la guerra, aparentemente la guerra no formó parte de un plan sistemático y masivo de violación de derechos humanos de ex combatientes", opinó el profesor de derecho Martín Bohmer.

El especialista, no obstante, consideró que los veteranos tienen que ser vistos "como víctimas de la dictadura" y ser beneficiarios de algún tipo de indemnización.