Kionina Kaneso no tiene gran cosa en el cobertizo de 5 metros (18 pies) en una vereda de Honolulu al que llama hogar, pero se siente agradecida por sus muebles y su horno de propano. Para su familia fue un duro golpe cuando, el año pasado, trabajadores municipales supuestamente tiraron a la basura todas sus pertenencias durante una redada contra asentamientos de indigentes.

"Tiran mis cosas. Mi comida, mi bebida, mis ropas, mantas y los juguetes de mi nieta", dijo Kaneso, de 58 años y que vive con su nieta de 3 años en uno de los asentamientos de personas sin hogar más grandes de todo el país.

Kaneso es una de las firmantes de una demanda presentada el miércoles por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) contra la ciudad de Honolulu, alegando que las autoridades municipales privaron a personas sin hogar de alimentos y otras propiedades en redadas sobre sus campamentos.

Los abogados del organismo presentaron la demanda en nombre de familias que carecen o carecían de hogar y que aseguran haber perdido medicación, documentos identificativos y objetos valiosos en las redadas. La ACLU ha pedido una orden judicial que frene futuras campañas y una compensación para sus clientes por las propiedades perdidas.

Trabajadores municipales barrieron varias manzanas en Kakaako el jueves y las autoridades de la ciudad afirman que la demanda no ha alterado sus planes de realizar nuevas redadas, que podrían producirse a partir de la semana que viene.

Los equipos del ayuntamiento desmantelaron estructuras cubiertas por lonas, arrojaron basura a un camión y colocaron en contenedores verdes objetos como hornos de propano, una sartén y otros objetos personales.

"Todo lo que sea basura o desperdicios será procesado", dijo Ross Sasamura, director e ingeniero jefe del Departamento de Mantenimiento de Instalaciones de la ciudad. Los otros objetos "que tengan valor" serán almacenados por la ciudad, señaló.

El "Departamento de Asesoría Legal de la Corporación defenderá con energía a la ciudad en esta demanda", afirmó en un comunicado Donna Leong, responsable de la asesoría legal del ayuntamiento.

La demanda alude a la ordenanza sobre propiedad almacenada, que obliga a la ciudad a dar un aviso de 24 horas antes de confiscar propiedades y a almacenarlas de forma que la gente pueda recuperar sus pertenencias por una cuota de 200 dólares. El texto de la demanda señala que, en algunos casos, el personal municipal sólo lanzó tiendas y enseres a la basura.

Entre los demandantes había varios niños identificados sólo por sus iniciales. El documento señala que los menores pasaron hambre después de redadas en las que se tiraron a la basura alimentos que guardaban sus padres.

"Hablamos de una comunidad sin casi acceso a la justicia, así que nos alegramos mucho de que la ACLU se haya tomado el tiempo y gastado el dinero para investigar más", afirmó Kathryn Xian, directora ejecutiva de la Pacific Alliance to Stop Slavery.

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La periodista de Associated Press Jennifer Sinco Kelleher contribuyó a este despacho.