Autoridades indígenas colombianas incrementaron el jueves sus protestas por la reciente condena a 18 años de prisión contra el líder Feliciano Valencia, quien fue hallado culpable del delito de secuestro.

Unos 30.000 indígenas marchan hacia Popayán para protestar por la detención y condena de Valencia, según Arias.

El Tribunal Superior del departamento de Cauca revocó el martes la sentencia absolutoria de primera instancia y, por el contrario, condenó a Valencia por el aparente secuestro en octubre de 2008 del cabo del Ejército Jairo Daniel Chaparral.

"Esa es la historia judicial, pero eso no corresponde a la realidad", dijo en entrevista telefónica con The Associated Press Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Según la Fiscalía colombiana, hace siete años Chaparral fue detenido ilegalmente y maltratado en presencia de unos 400 indígenas.

Pero, al decir de Arias, "ahí no hubo ningún secuestro... Fue una retención por 14 horas de un miembro de la fuerza pública que se infiltró en una movilización (indígena) y que fue descubierto por la Guardia Indígena. (El militar) estaba vestido de civil".

El presidente de la ONIC hizo hincapié en que en ningún momento hubo maltrato y que de eso puede dar fe la estatal Defensoría del Pueblo, entidad a la que en su momento le fue entregado el uniformado.

La Constitución colombiana avala que los indígenas tengan sus propias leyes, es decir, que entre ellos mismos se administre justicia.

En pasadas oportunidades, cuando hay manifestaciones, ha sido relativamente normal que los indígenas del suroeste del país retengan por horas a militares y después los entreguen a las autoridades del Estado.

"Nosotros estamos pidiendo la excarcelación del compañero Feliciano. Se lo estamos pidiendo al gobierno nacional y a la justicia colombiana" porque "este no es un juicio jurídico, este es un juicio político", enfatizó Arias. "Esta es una persecución política contra la movilización popular y contra el pueblo indígena".

Valencia fue detenido el martes pasado en Santander de Quilichao, municipio de Cauca, a unos 315 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Arias dijo que los abogados de Valencia elevarán un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, o el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país que normalmente demora entre tres y cinco años para emitir sus fallos.

Valencia ha sido en los últimos años la figura visible de las protestas indígenas en Colombia. Está detenido en la ciudad de Popayán, también al suroeste del país.