La organización privada Fundamedios, que vigila la libertad de expresión en Ecuador, está dispuesta a dialogar con el gobierno y espera que la presión internacional contribuya a evitar el proceso de disolución que inició el gobierno.

"En Fundamedios siempre hemos estado dispuestos a dialogar", dijo el jueves a The Associated Press el director de la organización, César Ricaurte. Afirmó que en una sociedad democrática a través del diálogo se puede aportar a la solución de los problemas y "en este caso a nosotros nos gustaría mucho que hubiese esa apertura".

Miembros de Fundamedios se presentaron el lunes ante la Secretaría Nacional de Comunicación y se declararon en resistencia ante lo que llamaron problemas procesales y dejaron pruebas de descargo de las acusaciones de las autoridades.

El gobierno del presidente Rafael Correa comenzó la semana pasada el proceso de disolución de la organización privada porque dijo que se dedica a actividades de política partidista y no a los objetivos que le permite la ley. A través de un comunicado esa institución del estado dijo que no podía pronunciarse mientas el proceso administrativo esté en curso.

El jueves un grupo de relatores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundieron un comunicado en el que expresaron "grave preocupación por las recientes medidas del gobierno de Ecuador para disolver Fundamedios".

Señaló que instaban a las autoridades ecuatorianas a detener el procedimiento de disolución de Fundamedios y "a garantizar la realización de los derechos a la libertad de expresión y de asociación en el país. Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica a las autoridades en esta materia".

Agregó que la disolución forzada de una asociación es una medida verdaderamente extrema que se puede justificar en casos excepcionales.

Ricaurte destacó que el gobierno de Correa "no se caracteriza por escuchar llamados" aunque ante la magnitud de la presión internacional eventualmente puede revertir su decisión de disolver Fundamedios.

Añadió que en este caso la Secretaría de Comunicación es "juez y parte, pero además ordena una campaña de difamación en nuestra contra a través de los diarios y medios de comunicación que controla el estado... y a través de las cadenas nacionales nos pintan como una organización criminal. Tenemos la esperanza de que el gobierno recapacite".