El plan de reforma fiscal del gobierno puertorriqueño está enfrentando un mayor escrutinio en medio de crecientes preocupaciones de que no tiene apoyo legislativo y de que algunas medidas son demasiado austeras y podrían empujar al territorio estadounidense a una crisis económica más profunda.

El gobernador Alejandro García Padilla se reunió el miércoles con miembros del gabinete del presidente Barack Obama en momentos en que gobierno se prepara para negociar con tenedores de bonos sobre una deuda pública de 72.000 millones de dólares que él ha dicho que es impagable y requiere ser reestructurada. Otros funcionarios de alto rango de Puerto Rico viajaron a Nueva York y se reunieron con expertos en restructuración para prepararse para las negociaciones.

Algunos economistas dicen que si no se llega a un acuerdo y si no se implementan algunas medidas del plan, el gobierno de la isla podría enfrentar una severa crisis de liquidez en los próximos tres meses que podría forzar un cierre parcial de actividades o incumplimiento en los pagos mayores de bonos.

"La tormenta está sobre nosotros", dijo Mike Soto, fundador del Centro para la Nueva Economía, un grupo de expertos con sede en Puerto Rico que publicó el miércoles un análisis del plan fiscal. "Esto nos va a golpear ahora, y de una manera muy severa muy pronto".

Entre las cláusulas en el plan de cinco años presentado la semana pasada está el congelamiento de salarios de empleados de gobierno, la creación de una junta de control fiscal y mayores recortes presupuestales para municipalidades y la Universidad de Puerto Rico. Los autores del plan advirtieron que incluso si es implementado totalmente, el gobierno aún enfrentaría un vacío financiero de 14.000 millones de dólares y sería incapaz de cumplir con pagos de deuda como están programados.

Pero la oposición ha aumentado.

Representantes de tenedores de bonos han puesto en entredicho la validez de las cifras gubernamentales, diciendo que funcionarios están presentando un escenario drástico que ellos creen que no se materializará. Un grupo con sede en Virginia llamado Main Street Bondholders acusó el miércoles al gobernador de distorsionar la situación financiera de la isla. "Como parte central de (su) estrategia de evitar pagar la deuda está la muy sospechosa aseveración de que Puerto Rico simplemente no puede pagar sus deudas", señaló el grupo en un comunicado.

Cientos de empleados de gobierno realizaron una protesta la semana pasada en contra de la propuesta.