Un amigo del hombre blanco acusado de matar a tiros a nueve feligreses negros en Charleston, está siendo investigado por las autoridades federales, dijo el miércoles un funcionario.

Un agente policial informado de la investigación le dijo a The Associated Press --bajo la condición de anonimato, por no estar autorizado a hablar sobre el caso-- que una carta fue enviada el mes pasado a Joey Meek diciéndole que estaba siendo investigado por mentirle a la policía y encubrimiento, es decir, las autoridades consideran que Meek sabía del crimen antes o después de cometerse y no lo denunció.

Meek dijo que Dylann Roof se alojó con él en el condado de Lexington antes del tiroteo del 17 de junio en la iglesia episcopal Emanuel. La investigación fue revelada por el periódico The State.

Roof debe responder a nueve cargos de asesinato y otras acusaciones en la corte estatal en conexión con las muertes en la iglesia. Roof también enfrenta decenas de cargos federales incluidos delito agravado por el odio racial y obstrucción de la práctica religiosa.

El estado dijo que intentará condenarlo a muerte. Sin embargo, los abogados de Roof dicen que está dispuesto a declararse culpable a cambio de cadena perpetua.

Por otra parte, un juez dijo durante una audiencia el miércoles en Charleston que permitirá la difusión de algunos documentos de la corte y otra evidencia en relación con el tiroteo.

El juez J.C. Nicholson dijo que quería reunirse con los abogados de las víctimas y la prensa para revisar las pruebas más gráficas, incluidas fotografías de la escena del crimen, antes de decidir específicamente qué se puede difundir. El juez también indicó que las llamadas al número de emergencia 911 podrían difundirse, pero que no se había tomado la decisión de si serían las grabaciones o sólo las transcripciones.

Varias agencias noticiosas, incluida The Associated Press, apelaron previamente la orden de Nicholson de prohibir que los abogados discutieran el caso y prohibir la liberación de llamadas de emergencia, declaraciones de testigos, reportes de forenses y otros documentos resultantes del tiroteo del 17 de junio.

Abogados y familiares de la víctima dicen que el material no debe difundirse porque al hacerlo se violarían los derechos de privacidad de la víctima.