La propuesta del gobierno brasileño de recortar el gasto público y aumentar impuestos probablemente no será aprobada en el Congreso, dijo el martes una prominente firma de evaluación de riesgo político.

El Grupo Eurasia indicó en un comunicado que los legisladores probablemente rechazarán la mayoría de las medidas propuestas, "impulsando al gobierno a buscar otras fuentes de ingreso que no requieran aprobación legislativa".

El ministro de finanzas Joaquim Levy anunció el lunes reducciones de gastos por casi 7.000 millones de dólares y medidas para aumentar la recaudación fiscal en unos 10.000 millones de dólares a fin de equilibrar las finanzas públicas y recuperar el apoyo de los inversionistas y la comunidad empresarial.

Las medidas también tienen el objetivo de cubrir un déficit de 8.000 millones de dólares en el presupuesto del 2016.

Joaquim Levy dijo que los recortes incluirán proyectos de infraestructura a gran escala que en un inicio tenían el objetivo de estimular la economía ahora parada del gigante de Sudamérica. Otros ahorros llegarán de recortes de empleados dentro del equipo de ministros del gabinete, además de otras reducciones en el inflado sector público de Brasil.

La economía brasileña está en recesión y los infortunios económicos han contribuido al descenso en las encuestas de popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, que se ha reducido a un solo dígito.

El gobierno quiere reanudar el cobro de un impuesto a las transacciones financieras para generar 8.300 millones de dólares al año que Eduardo Cunha, presidente de la cámara baja, considera no será aprobado.

"Estoy en contra de él y considero que es poco probable que sea aprobado aquí", le comentó a la prensa.

En 2007, el impuesto a las transacciones financieras, mejor conocido por sus siglas en portugués CPMF, fue derogado, e intentos subsecuentes por reinstaurarlo a través de una enmienda constitucional han fallado. El impuesto consistía de un cobro de 0,38% en casi todas las transacciones financieras. El nuevo CPMF sería del 0,20%.

"La estrategia del gobierno de depender tanto del Congreso, tanto para aumentar los impuestos como reducir los costos, nos parece problemático", dijo en una declaración Eurasia. "Es probable que se rechacen la mayor parte de los ahorros adicionales y ganancias que requieren aprobación del Congreso, y que sólo una porción sean aprobadas, y eso sólo después de ser diluidas".

Levy agregó que el gobierno quiere retrasar el aumento a los salarios de funcionarios públicos, eliminar ciertos beneficios del retiro e instaurar un tope salarial para trabajadores del sector público, medidas que Eurasia pronostica se enfrentarán a resistencia en el Congreso.

Las dos confederaciones de sindicatos más grandes del país criticaron las medidas.

El Sindicato de Trabajadores del Centro publicó en su portal de internet que las medidas van en contra de "las necesidades de los trabajadores y todo el país, ya que obstaculizan la actividad económica y reducen el gasto de programas sociales en un momento en que la recesión afecta a todos".

La Fuerza Sindical dijo que el gobierno "continúa cediendo a los intereses del banco y especuladores, y da la espalda a los trabajadores".