Tres militares implicados en la presunta venta de granadas de almacenes del ejército a delincuentes fueron arrestados, informaron el martes fuentes castrenses, luego de que éstas han sido utilizadas en el año para extorsionar a diversos negocios y provocaron la muerte de un policía que intentaba desactivar una en un colegio.

Carlos Vergara, comandante general del ejército, dijo en conferencia de prensa que, tras revisar las actas que certifican el uso de las granadas, detectaron "que había personal que había adulterado e inclusive falsificado actas completas". Precisó que se ha detenido a un oficial y dos suboficiales del mayor almacén militar de la capital, llamado "Cruz de Hueso".

Aún falta revisar el resto de los almacenes militares del país, indicó Vergara, y agregó que el tráfico de granadas descubierto "pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos". El ministro de Defensa, Jakke Valakivi, dijo en la misma conferencia de prensa que también se está realizando el conteo de los artefactos explosivos en los depósitos de la armada y la fuerza aérea.

Hace una semana un policía de la unidad de desactivación de explosivos murió desangrado luego que una granada dejada por extorsionadores frente a un colegio privado de Lima estalló en sus manos. Según datos recientes de la agencia nacional de control de armas y municiones otorgados al Parlamento entre 2013 y 2014, se han incautado 396 granadas y más de 416.000 cartuchos de dinamita, muchos de las cuales se han usado en el delito de extorsión.

Los delincuentes amenazan con atacar a sus víctimas o sus empresas con estos explosivos si se niegan a pagar una cuota económica. En otro caso relevante de extorsión ocurrido en julio, 11 personas resultaron heridas cuando otra granada explotó durante una función de un circo capitalino.

El jueves pasado la policía halló 53 granadas de mano tipo piña en un barrio limeño que eran comercializadas a presuntos extorsionadores, y el sábado el presidente Ollanta Humala y sus ministros de Defensa y del Interior sostuvieron una reunión en el palacio presidencial para analizar la situación.

Expertos indican que las denuncias por extorsiones en Perú no reflejan el fenómeno delictivo en su totalidad por el temor de las víctimas a denunciar ante la inoperancia policial. Tan sólo en la capital se presentaron 920 denuncias por extorsión en 2013 y de 1.193 casos en 2014, según datos de la Fiscalía.

Este tipo de delito empezó en Perú hace una década en el norte del país, donde se ha enraizado, y con el paso del tiempo se expandió hacia la capital, en la que las víctimas son en su mayoría dueños de taxis, panaderías, restaurantes, empresas de construcción y ahora escuelas.