La ex intendente de Aduanas Claudia Méndez Ascencio fue capturada el lunes acusada de participar en la red "La Línea" que defraudó al fisco guatemalteco.

Por el mismo caso también renunciaron al cargo y guardarán prisión por tres meses, mientras se realiza la investigación, el ex mandatario Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Según la fiscalía, la ex intendente está acusada de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

La fiscal general Thelma Aldana explicó a periodistas en conferencia de prensa que Méndez Ascencio consintió las operaciones de la estructura.

"Cada integrante de la estructura tiene roles... es decir se pusieron de acuerdo para defraudar al estado en el ramo de aduanas y ella por la alta posición que ocupaba dentro de las aduanas, indudablemente su rol fue determinante puesto que no solo consintió el funcionamiento de la estructura criminal sino que participó activamente", dijo Aldana.

Las autoridades aseguran que las evidencias contra Méndez se obtuvieron a través de interceptaciones telefónicas, en la cuales miembros de la organización hablaban sobre ponerla al tanto de las actividades que realizaban.

"La Línea", era una estructura de funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios con el fin de que les ayudaran a evadir impuestos. Según la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fueron millones de dólares los defraudados al fisco.

Según la fiscalía, el ex secretario privado de Baldetti y prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, lideraba la organización y era el encargado de recaudar el dinero y distribuirlo a las autoridades.

Según documentos del proceso, Baldetti y Pérez Molina habrían recibido hasta 3,7 millones de dólares provenientes del pago de sobornos.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, un ente de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado, ha dicho que cuentan con al menos 88.000 escuchas telefónicas y miles de documentos que involucran a los procesados.

Por este caso hay al menos 100 personas investigadas.

Baldetti fue trasladada el fin de semana a un centro médico militar para realizarle un procedimiento médico ambulatorio. Sin embargo el centro médico, sin autorización de un juez, la internó por el fin de semana y se opuso a que el total de guardias del Sistema Penitenciario autorizados la custodiaran.

El sistema judicial ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizar un informe en seis horas para determinar si es necesario que Baldetti este recluida en un centro médico fuera de la prisión.