El movimiento conocido como Oposición Indignada, que lleva meses manifestándose contra la corrupción en Honduras, insistió el sábado en la necesidad de constituir una comisión internacional contra la impunidad similar a la de Guatemala y rechazó una propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sólo señala que jueces y fiscales extranjeros asistan a los hondureños, pero que la comisión sea nacional.

Asimismo, el grupo anunció que en una fecha aún no determinada paralizará el país con el respaldo de líderes obreros y campesinos.

Los indignados exigen desde mayo la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández, que Naciones Unidas instale en Honduras una comisión especial contra la corrupción e impunidad y que un tribunal internacional enjuicie a todos los involucrados en la corrupción en el país, donde 62% de los 8,6 millones de habitantes vive en la pobreza.

La OEA auspiciaba desde el 14 de agosto un diálogo nacional a petición de Hernández en un intento por calmar a los indignados, pero el sábado el chileno John Biehl, el facilitador designado por ese organismo, dejaba el país centroamericano sin poder llegar a un acuerdo y tras presentar una propuesta aceptada por el gobierno pero que a toda la oposición le resultó totalmente insuficiente.

En rueda de prensa en el aeropuerto antes de partir, Biehl lamentó que sectores hondureños utilicen la crisis actual como campaña política, subrayó la necesidad de llegar a consensos para superar los problemas del estado y calificó de "infantil" la conducta de los indignados y de políticos como el expresidente Manuel Zelaya que insisten en una comisión internacional como única salida.

"Esa es una conducta muy infantil, como si el niño pidiera un camión y no se lo dan, entonces llora el día entero. Eso es de niños, estamos entre adultos", subrayó.

Desde hace meses, los jóvenes llevan a cabo movilizaciones de protesta casi a diario en las ciudades hondureñas, coreando lemas contra el mandatario y exigiéndole aclarar lo ocurrido en el Instituto de Seguridad Social, saqueado por más 300 millones de dólares en uno de los mayores escándalos de corrupción que haya sacudido al país.

El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin saberlo.

Según los indignados, al menos 3.000 personas murieron en dos años por el robo en la seguridad social debido a la falta de atención médica y medicinas.