El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá el próximo 24 de septiembre con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace un año y cuyo destino todavía se desconoce, informó la Secretaría Gobernación mexicana en un comunicado el sábado.

El encuentro, al que también acudirán los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han acompañado la investigación, fue una exigencia de familiares y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa --donde estudiaban los desaparecidos-- después de conocer el informe de los expertos independientes sobre los sucesos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el que murieron seis personas y otras 43 desaparecieron a manos de policías locales vinculados con el crimen organizado.

Dicho documento desacreditó la versión oficial sobre el destino de los desaparecidos al señalar que no era posible que éstos hayan sido calcinados en un basurero como lo afirmaron las autoridades, cuestionó la actuación de la policía federal y el ejército y denunció la ocultación y destrucción de pruebas por parte de los investigadores.

Los padres de los desaparecidos acusaron al gobierno de mentirles, pidieron al presidente que dé la cara y que siga buscando a sus hijos y exigieron que se comprometa a cumplir todas las recomendaciones incluidas en el informe, las que incluyen entre otras investigar a funcionarios que hayan obstruido la investigación.

Al conocer el documento, Peña Nieto dio instrucciones para que los resultados y conclusiones elaboradas por los expertos sean analizados e incorporados a la averiguación previa que mantiene abierta la Procuraduría General de la República, pero el gobierno mantiene su versión de que los estudiantes fueron calcinados en el basurero --si bien se mostró abierto a realizar nuevos peritajes de esa zona.

Por otra parte, la fiscalía informó el sábado del nombramiento de Gustavo Salas Chávez como nuevo titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un departamento involucrado en el caso Iguala.

Arely Gómez, la procuradora general, instó a Salas "a ofrecer un compromiso decidido para realizar investigaciones apegadas a Derecho, rigurosas y eficaces que combatan con rigor la impunidad".