La policía federal de Brasil solicitó autorización de la Corte Suprema para interrogar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su posible implicación en un caso de corrupción y sobornos en la petrolera estatal Petrobras, indicó el viernes el máximo tribunal.

La oficina de prensa de la Corte confirmó la petición, que fue informada previamente el viernes por la revista semanal Época en su sitio de internet. La corte recibió el pedido el miércoles, y no ha indicado cuándo va a emitir su decisión.

De acuerdo con partes de la solicitud publicadas por la revista, la policía cree que Lula "podría haber obtenido ventajas para sí mismo, su partido... y el gobierno mientras era presidente al mantener una base de apoyo político sostenida por negocios ilícitos" en Petrobras.

Lula dejó la presidencia en el 2011 tras dos mandatos con una aprobación pública de 86%, y ha dejado claro que está dispuesto a postularse de nuevo en el 2018 por el gobernante Partido de los Trabajadores, del que es uno de los fundadores.

Si la corte permite que la policía interrogue a Lula, eso elevaría marcadamente la prominencia de una pesquisa que ya ha llevado a la encarcelación de altos ejecutivos de Petrobras y de importantes firmas de construcción e ingeniería.

"El hecho de que desean interrogarlo muestra que tienen algo bastante sólido contra él bajo las mangas", dijo David Fleischer, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. "Este es el primer capítulo del fin de Lula y por extensión el fin de Dilma y un debilitamiento considerable del PT".

El caso de corrupción que se remonta a una década atrás involucró, según los fiscales, sobornos por unos 2.000 millones de dólares pagados a ciertos ejecutivos de Petrobras a fin de que éstos otorgaran contratos a las principales empresas de construcción e ingeniería de Brasil, proyectos que subsecuentemente padecieron costos inflados.

Además, más de 50 diputados, senadores y otras figuras políticas importantes son investigados o ya han sido acusados formalmente.

Hasta ahora no se han presentado cargos contra la presidenta Dilma Rousseff, quien dirigió la junta directiva de Petrobras durante varios años mientras ocurría la componenda. Rousseff y Lula han negado reiteradamente haber cometido actos ilícitos y la mandataria ha alentado a los investigadores a realizar la pesquisa "caiga quién caiga".

La policía federal y el Instituto Lula, con sede en Sao Paulo, dijeron que no tenían nada que decir sobre el informe. En un viaje a la vecina Argentina, Lula le dijo a los reporteros que no le han notificado de la solicitud de la policía para interrogarlo.

Bajo la ley brasileña, todos los políticos federales y algunos de otros niveles solamente pueden ser investigados si la Corte Suprema lo aprueba y, a la larga, solamente el máximo tribunal les puede fincar cargos y enjuiciarlos.

Aunque Lula no ocupa actualmente ningún cargo político, los analistas legales dicen que un pedido tal tendría que ser hecho a la Corte Suprema si el interrogatorio del expresidente está vinculado con una investigación a un funcionario en activo.

La semana pasada, fiscales presentaron cargos de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero contra el exjefe de gabinete de Lula, José Dirceu.

"La solicitud de la policía es otro indicio importante de que el gobierno de Dilma y Lula están cada vez más impotentes para revertir esta situación a su favor", dijo Thiago de Aragao, de la firma de consultoría política Arko Advice, con sede en Brasilia.

"Hay tanta munición contra ellos que cada vez que hacen un esfuerzo por mejorar su situación, algo de ello emerge y vuelve a ponerlos a la defensiva", agregó.

Separadamente del caso de Petrobras, fiscales dijeron en julio que tenían suficiente evidencia para justificar una pesquisa plena del supuesto cabildeo de Lula en el extranjero en favor del gigante de la construcción Odebrecht, cuyo director ejecutivo está encarcelado en relación con el escándalo de Petrobras.

Los fiscales investigan acusaciones de tráfico de influencias y de que las gestiones de Lula ayudaron a Odebrecht a conseguir contratos para construir proyectos de infraestructura en Panamá y Venezuela, además de obtener contratos en varios otros países, delitos bajo las leyes de Brasil.

Los investigadores tratan de determinar si Lula convenció a líderes extranjeros para que confiriesen contratos inflados multimillonarios a Odebrecht, y además si él presionó al banco estatal de desarrollo de Brasil a dar a la compañía más de 1.000 millones de dólares en préstamos con bajos intereses desde el 2011, tras dejar la presidencia.

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El periodista de The Associated Press Brad Brooks en Río de Janeiro contribuyó a este despacho.