El gobierno argentino no aclaró el viernes si la resolución aprobada por las Naciones Unidas para la reestructuración de la deuda soberana tendrá efectos inmediatos en su litigio con los fondos de cobertura que exigen el pago de unos 1.600 millones de dólares.

El jefe de gabinete Aníbal Fernández rechazó que la resolución de la ONU aprobada la víspera no sea "retroactiva" al afirmar que "hablamos de principios generales del derecho que se consideran preexistentes en estos casos".

"No es verdad que no tenga efectos inmediatos, los va a tener porque son principios generales del derecho", subrayó el funcionario.

No obstante, el canciller Héctor Timerman dio a entender que lo logrado no modificaría demasiado la situación con los litigantes. Así, afirmó que "tal vez no sirva para lo que pasó en el pasado pero seguramente va a servir para que evitar que vuelva a ocurrir en el futuro".

El canciller, que calificó la resolución de "importantísima", también dijo que "tal vez sirva para decir que las Naciones Unidas indicó un camino a seguir".

La resolución impulsada por Argentina para formar un nuevo marco global que regule los procesos de reestructuración de deuda fue un éxito para el país sudamericano mientras que Estados Unidos, uno de los seis países que votaron en contra, consideró que generará incertidumbre en los mercados financieros.

La resolución propone que si una mayoría de acreedores acepta el arreglo planteado por un país deudor el resto debe aceptar esa decisión.

El gobierno se ha negado a acatar el fallo de un juez estadounidense de 2012 y que luego dejó en firme la Corte Suprema del país norteamericano de pagar lo que adeuda a fondos de cobertura por bonos en cese de pagos desde la crisis de 2001, en parte porque considera que son inversores especulativos o "fondos buitre" que se negaron a aceptar dos reestructuraciones de deuda en las que entraron cerca de 93% de los acreedores.

El litigio continúa y la necesidad de su resolución forma parte del discurso de los candidatos para las presidenciales de octubre, aunque ninguno ha dado precisiones sobre cómo lograrlo.

El jefe de gabinete cuestionó además la jurisdicción estadounidense en el caso al afirmar que "la realidad es que según el artículo 27 de la Convención de Viena la jurisdicción internacional es mucho más importante que la jurisdicción de un país determinado".

También relativizó el hecho de que las resoluciones de las Naciones Unidas no sean vinculantes y que se limiten a "instar" a seguir una línea de acción. "La realidad no es así, porque es un principio general del derecho, el cual va a estar por encima de cualquiera de las otras decisiones y forma parte del derecho consuetudinario", sostuvo.

El canciller dijo a su vez que "ahora la idea es que (la resolución) vaya al Parlamento y que se convierta en ley en la Argentina".