El jefe de gabinete de la presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo que está a disposición de las autoridades que investigan el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras después de que diversos medios difundieran que la Corte Suprema había autorizado una pesquisa en contra de él, informó el domingo la prensa local.

La cadena televisiva Globo y el periódico O estado de S. Paulo dijeron el sábado que el máximo tribunal del país había autorizado que investigaran al jefe de gabinete Aloizio Mercadante, al ministro de comunicación institucional Edinho Silva y a un legislador de la oposición.

De acuerdo con la ley brasileña, la Corte Suprema es la única instancia con capacidad para enjuiciar a políticos en servicio.

Los tres fueron implicados por uno de los detenidos que rindió testimonio en un acuerdo con la fiscalía a cambio de una rebaja de la pena dentro de la llamada Operación Lavado de Autos, una investigación que ha tenido efecto dominó sobre la corrupción en Petrobras y que ha alcanzado a políticos de alto rango, así como a ejecutivos de algunas de las compañías constructoras más grandes de Brasil.

Ricardo Pessoa, jefe de la firma constructora UTC Engenharia, testificó que aportó dinero a las campañas de Mercadante y del legislador Aloysio Nunes, así como a la de Rousseff, de la que Silva fue tesorero, y señaló que obtuvo esos recursos de los precios inflados de los contratos que le había concedido Petrobras.

Mercadante dijo en un comunicado que se enteró por las noticias que el máximo tribunal del país había autorizado las investigaciones, según lo publicado el domingo por G1, el portal en internet de la cadena televisiva Globo.

En su comunicado del domingo, Mercadante rechazó que hubiera incurrido en irregularidades y afirmó que está a "total disposición" de los investigadores.

Nadie respondió en la Corte Suprema a las llamadas telefónicas que efectuó el domingo The Associated Press para que hiciera declaraciones sobre el particular.

Según los fiscales, las irregularidades en Petrobras incluyeron sobornos por 2.000 millones de dólares y otros fondos ilegales.

Parte de ese dinero supuestamente fue canalizado a las arcas de campaña del partido gobernante y sus aliados. También incluyeron sobornos a ejecutivos de Petrobras para que les otorgaran contratos que tenían precios inflados.