Un tribunal dominicano ordenó el domingo la apertura de juicio penal en contra de dos fiscales, el destituido jefe de la unidad antidrogas de la policía, otros siete miembros de esa institución y un civil por no reportar el decomiso de cerca de una tonelada de cocaína.

Wendy Martínez, jueza de instrucción de la corte de apelación de la provincia Santo Domingo, adyacente a la capital, determinó que existen pruebas suficientes que comprometen a los 11 implicados en los delitos de falsificación de documentos, lavado de activos y asociación de malhechores.

De forma original la fiscalía también acusaba a los implicados por narcotráfico, pero ese cargo no fue señalado por la jueza.

Los 11 implicados se encuentran en prisión preventiva desde enero.

Entre los de detenidos figura el coronel Carlos Fernández, quien hasta diciembre era el director del departamento antidrogas de la policía y fue suspendido debido a la investigación en su contra.

Los implicados fueron arrestados en enero, luego de que la policía y la Procuraduría abrieron una investigación sobre presuntas irregularidades ocurridas durante un allanamiento realizado en septiembre del 2014 a una vivienda de un narcotraficante.

Los fiscales y policías que participaron en el allanamiento se incautaron de forma presunta de 950 kilogramos de cocaína, pero en su informe indicaron que no encontraron ningún ilícito y la droga nunca llegó a los depósitos de pruebas de la Procuraduría.

El fiscal Jeremías Nova, a cargo de la investigación de las irregularidades en el allanamiento, aseguró durante las audiencias preliminares que algunos de los implicados compraron bienes muebles e inmuebles con el dinero que obtuvieron por la venta de la droga decomisada.

Algunos de los policías que participaron en allanamiento entregaron a la Procuraduría efectivo e incluso un departamento que fue comprado con dinero proveniente de la venta de la cocaína.

La investigación abrió un debate sobre el eventual cierre del departamento policial antidrogas, ya que el gobierno cuenta con una agencia especializada en esa materia, independiente de la policía.

Un informe de Amnistía Internacional del 2011 mostró que unos 12.000 agentes policiales fueron destituidos entre 2007 y 2010 por corrupción.