El vicepresidente Alejandro Maldonado, un ex magistrado conservador de la Corte de Constitucionalidad, esperaba el jueves a que el Congreso aceptara la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, quien dimitió del cargo poco antes de la medianoche en medio de un enorme escándalo de corrupción.

Maldonado, quien fue nombrado hace un par de meses como Vicepresidente del país centroamericano, ocuparía la presidencia sólo hasta el 14 de enero cuando el Congreso le tome juramento al nuevo presidente de Guatemala, que se espera que sea elegido en las elecciones que se avecinan.

De 79 años de edad, Maldonado fue elegido de una terna que Pérez Molina envió al Congreso en mayo para reemplazar a la ex vicepresidente Ingrid Roxana Baldetti, quien renunció a su cargo a causa del mismo escándalo. La ex funcionaria está tras las rejas y enfrenta cargos de corrupción.

Maldonado ha sido Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y ha ocupado varias embajadas. También dirigió la Corte de Constitucionalidad, donde presidió las decisiones sobre candentes asuntos como el no extraditar al ex dictador Efraín Ríos Montt a España.

Ríos Montt enfrenta cargos en ese país por genocidio, tortura y terrorismo por hechos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, entre 1960 y 1996. Maldonado fue criticado con vehemencia por la decisión de no extraditarlo.

También supervisó una decisión de la Corte Suprema de 2011 que le prohibió a la ex primera dama, Sandra Torres, presentarse a la presidencia como candidata para suceder a su marido en la primera magistratura.

Meses antes, Torres se había divorciado del entonces presidente Álvaro Colom pero la decisión estableció que la candidatura de Torres violaba la prohibición constitucional que impide que familiares del Presidente se lancen a la Presidencia.

Torres es nuevamente candidata a la presidencia pero el favorito para llevarse las elecciones, que se celebran el domingo seis de septiembre, es Manuel Baldizón, un empresario que perdió hace cuatro años contra Pérez Molina.

Pérez Molina asistía a una audiencia el jueves cuando el Congreso aceptó su renuncia, luego de despojarlo de su inmunidad judicial a principios de la semana.

La Fiscal General, Thelma Aldana, ha dicho el ex presidente es sospechoso de haber cometido los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y recibir sobornos en conexión con una trama de corrupción.

Funcionarios públicos presuntamente aceptaron sobornos a cambio de permitir que las empresas evadieran impuestos de importación a través del departamento de aduanas. Pérez Molina ha negado cualquier responsabilidad de estas acusaciones.