Un juez federal dijo el miércoles que piensa seguir adelante con una demanda contra la recopilación masiva efectuada por la Agencia de Seguridad Nacional de datos telefónicos de cientos de millones de estadounidenses, incluso a pesar de que el programa va a expirar a fines de noviembre.

El juez federal de distrito Richard Leon dijo que no tiene intención de permitir que el gobierno del presidente Barack Obama use maniobras legales para "agotar el reloj" con relación a una demanda que impugna la ley antiterrorista Patriot Act.

Leon falló en 2013 que la recolección masiva de registros telefónicos probablemente es inconstitucional, pero el gobierno apeló exitosamente esa decisión al cuestionar si los demandantes podían demostrar que sus registros telefónicos estaban entre los que fueron recopilados por el programa secreto.

La demanda fue interpuesta por el abogado conservador Larry Klayman y por Charles Strange, el padre de un técnico criptólogo muerto en 2011 cuando su helicóptero fue derribado en Afganistán. Ambos son clientes de Verizon Wireless, pero Klayman solo pudo demostrar en la corte que la NSA (siglas en inglés de la agencia de seguridad) había recolectado registros de una compañía relacionada, Verizon Business Network Services.

La semana pasada, la Corte Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia revirtió el fallo anterior de Leon, lo que envió el caso de vuelta al tribunal de menor instancia con el fin de determinar si el gobierno debe divulgar si los registros del teléfono celular de Klayman realmente habían sido recolectados.

La agencia ha dicho que recolecta los números telefónicos de llamadas efectuadas y recibidas y qué tanto dura una llamada, pero no monitorea su contenido. El Congreso aprobó una medida en junio que descontinúa la Patriot Act y la reemplaza con la llamada Freedom Act. En el nuevo programa, las compañías telefónicas retendrán los registros de las llamadas de los clientes y permitirán que el gobierno los revise si presenta una orden judicial.

En la corte el miércoles, Leon acusó al gobierno de tratar de salirse con la suya en ambos casos: reconocer que recolecta los registros telefónicos de millones de estadounidenses, al tiempo que afirma que pondría en riesgo la seguridad nacional el hecho de revelar si tuvo acceso a las llamadas efectuadas por clientes de una compañía específica. El juez dijo que prácticamente no tiene duda de que el segundo mayor proveedor inalámbrico en el país está participando en el programa de escuchas telefónicas.

"Esta corte cree que hay millones de estadounidenses cuyos derechos constitucionales han sido violados, y están siendo violados, incluso en estos momentos en que hablamos", afirmó.

___

Michael Biesecker está en Twitter como: http://Twitter.com/mbieseck