El gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció el miércoles que les dará nacionalidad colombiana a 158 venezolanos para que puedan reunirse con sus familias en Colombia luego de que el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro ordenó su expulsión y deportación.

El anuncio fue hecho por la canciller María Ángela Holguín durante un consejo de ministros en la ciudad fronteriza de Cúcuta que fue encabezado por el propio Santos.

De acuerdo con la ministra de Exteriores, la cifra de los primeros 158 venezolanos a los que se les dará nacionalidad colombiana fue el producto de un censo que se hizo en los albergues de Cúcuta y sus alrededores en los que están los deportados y expulsados.

Holguín dijo haber recibido información de que otros 32 colombianos fueron deportados en la jornada desde Caracas.

En el mismo evento, Santos decretó la emergencia económica en la frontera para hacerle frente a la crisis por los incidentes con Venezuela.

En la mañana, la canciller había informado de su reunión el miércoles próximo con el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon para exponerle la crisis humanitaria que atraviesan miles de colombianos en la frontera.

Ese anuncio de Holguín se produjo un día después de que Santos diera a conocer una ofensiva de su gobierno ante organismos multilaterales para denunciar los supuestos maltratos que han sufrido sus compatriotas.

Dijo que también en breve se encontrará con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Organización Internacional de Migraciones.

Unos 1.100 colombianos han sido expulsados por orden del gobierno venezolano. Según Naciones Unidas, cerca de 10.000 colombianos han dejado voluntariamente Venezuela por temor a represalias.

Santos dijo el martes por la noche que el fiscal general Eduardo Montealegre estudia la posibilidad de denunciar al gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional porque cree poder probar que se ha configurado un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil del país.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana Diosdado Cabello desestimó el miércoles la posible acción contra Venezuela y señaló a Santos de actuar a movido por "fines electorales", en referencia a los comicios regionales en Colombia del 25 de octubre.

"No jueguen al electoralismo como una forma de distraer a la gente", dijo Cabello dirigiéndose a Santos, y afirmó que el discurso que ofreció la víspera el presidente colombiano estuvo "fuera de toda lógica no solo política sino diplomática".

Para el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, la intención de Colombia de demandar a Venezuela en la Corte Penal Internacional no tendría fundamento y sería una "barbaridad jurídica".

El líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, pidió el martes a Santos que no "se deje provocar" por el gobierno de Maduro al que señaló de estar buscando un conflicto con Colombia "que nos distraiga de los graves problemas que nosotros estamos viviendo en nuestra Venezuela".

La decisión de Santos de recurrir a distintas instancias internacionales recibió el inusual respaldo de su mayor opositor político: el expresidente Álvaro Uribe, quien calificó de "correcta" la decisión de Santos y ofreció una tregua ante lo que considera un cambio de actitud del presidente colombiano.

El ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, ha dicho que hasta el martes habían sido vacunadas en los albergues unas 1.200 personas contra enfermedades como la varicela, la hepatitis A y la influenza. Hasta ahora se han detectado seis casos de varicela.

Las relaciones entre Caracas y Bogotá entraron en crisis luego de que Maduro resolvió el 20 de agosto el cierre de algunos pasos fronterizos en el estado de Táchira a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un conductor civil cuando realizaban actividades de combate al contrabando. Según el gobierno venezolano, los hombres fueron atacados por paramilitares colombianos.

Ambos gobiernos llamaron el 27 de agosto a consultas a sus respectivos embajadores.

A su vez, Maduro declaró el estado de excepción en 10 municipios fronterizos de Táchira, lo que implica la suspensión de algunas garantías constitucionales como la de reunión, manifestación en las calles, inviolabilidad del hogar y las comunicaciones, el libre tránsito y la libertad para dedicarse a cualquier actividad económica.

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La corresponsal de AP Fabiola Sánchez contribuyó con este despacho desde Caracas