Los padres de una mujer de San Francisco que fue asesinada de un balazo efectuado por un hombre que residía en el país sin permiso dijeron el martes que autoridades locales y federales contribuyeron a la muerte de su hija debido a negligencia e incompetencia burocrática.

La familia argumenta en los reclamos jurídicos que un agente de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus iniciales en inglés) dejó su arma de servicio cargada en una mochila a plena vista en su automóvil, de donde fue robada en junio.

La pistola semiautomática fue posteriormente utilizada en el asesinato de Kathryn Steinle, de 32 años, ocurrido el 1 de julio.

Martha Maciel, vocera de la BLM, dijo que la agencia está cooperando con la investigación de la muerte por el disparo, pero se negó a realizar más comentarios.

La familia y sus abogados presentaron tres demandas por separado en las que exigen un pago no especificado por daños y perjuicios por parte de la BLM, del Departamento del Jefe de Policía de San Francisco y del Departamento de Seguridad Nacional. La familia señaló que interpondría demandas si los reclamos no son atendidos.

Los padres dijeron que están presentando los reclamos jurídicos para evitar una tragedia similar.

"No estamos aquí sólo por Kate, estamos aquí por cada ciudadano de este país que viene a San Francisco", dijo Jim Steinle, el padre de la víctima, en una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento. "Si piensan que esto no les puede ocurrir a ustedes, piénsenlo de nuevo".

Juan Francisco López Sánchez, de 45 años, se declaró inocente al cargo de homicidio. Dijo a la policía que realizó el disparo fatal accidentalmente mientras examinaba el arma del agente después de encontrarla bajo una banca en el Muelle 14.

La muerte por el balazo detonó un debate nacional sobre inmigración después de que se reveló que el Departamento del Jefe Policial había dejado en libertad a López a pesar de una solicitud federal con el fin de que lo retuviera para una posible deportación. López había sido deportado en cinco ocasiones a México, su país natal.

El jefe policial Ross Mirkarimi dijo que su departamento acató la ley de la ciudad cuando liberó a López en abril después de que fiscales retiraron cargos antiguos contra él por posesión de marihuana.

San Francisco y otras ciudades y condados en el estado han promulgado políticas para no tomar en cuenta las solicitudes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para retener a reos que se piense que están en el país sin permiso, en lo que se realizan los procedimientos de deportación.

La familia Steinle aseveró que el jefe policial violó leyes federales cuando emitió en marzo un memorándum en el que prohibía a personal de la cárcel comunicarse con oficiales federales de inmigración respecto a solicitudes de detención.

Mirkarimi ha dicho que su departamento exige que funcionarios federales obtengan una orden o cualquier otra notificación judicial para que su cárcel retenga a un reo que enfrente posible deportación.

La familia acusó además al ICE, agencia perteneciente a Seguridad Nacional, de no obtener una orden o notificación oficial exigida por San Francisco para detener y deportar a López.

El ICE no respondió de inmediato una solicitud de The Associated Press para que emitiera sus comentarios al respecto.

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Interactivo AP:

http://hosted.ap.org/interactives/2013/reforma-migratoria/