Naciones Unidas tiró de las orejas a España por su actitud a la hora de juzgar las desapariciones durante la dictadura franquista e instó a sus autoridades a colaborar intensamente con la investigación por crímenes de lesa humanidad abierta en Argentina.

Después de una semana de visita en España, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas dijo el lunes que los familiares de víctimas chocan sistemáticamente contra el muro que ha levantado el Estado.

"Es lamentable la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)", dijo el informe preliminar de la ONU. "No hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada".

La visita de la ONU, que acude regularmente a varios países, coincidió con la decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de imputar a cuatro ex agentes del aparato franquista por varios cargos de tortura.

Dos de los acusados se encuentran fallecidos, pero sobre los otros dos pesan órdenes internacionales de detención con fines de extradición. A pesar de que la fiscalía se opuso al arresto y que la justicia española todavía no se ha pronunciado, la ONU instó a España a colaborar con Argentina.

"El grupo de trabajo insta al Estado español a prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España", afirmó.

En ese sentido, solicitaron medidas legislativas y judiciales que tipifiquen la desaparición forzada como crimen "no sujeto a amnistía". El objetivo es evitar que la ley de Amnistía de 1977 vuelva generar situaciones como la que llevó al juez Baltasar a Garzón a archivar la causa general contra el franquismo que trató de abrir en 2008.

Sobre Garzón, los técnicos de la ONU, que presentarán un informe más exhaustivo sobre España en el Consejo de Derechos Humanos en 2014, pidieron recuperar la lista de 114.000 desaparecidos que elaboró el ex magistrado.

La ONU precisó que debería crearse una entidad estatal con pleno apoyo institucional, que gestione una sola base de datos sobre desaparecidos y reagrupe la información generada por distintas asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación.

"Todas (las víctimas) han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos administrativos y las dificultades a acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos", dijo el informe. "Existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona".