Secretaria en Kentucky que se opone a bodas gay podrá apelar

Una secretaria del condado de Kentucky que se opone al matrimonio entre homosexuales fue autorizada el lunes a no emitir licencias de boda mientras presenta su caso ante una corte federal de apelaciones.

Kim Davis, secretaria del condado Rowan, enfrenta demandas de dos parejas gay. David Bunning, juez federal de distrito, le ordenó la semana pasada que les emitiera las licencias a pesar de que ella se opone.

El juez reiteró que Davis no tiene derecho a más demoras, pero debido "a la naturaleza emocional en ambas partes del debate", acordó el lunes suspender su decisión para que ella pudiera presentar su caso ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito.

Los abogados de ambas partes no estuvieron de acuerdo con las implicaciones. Dan Canon, representante de las parejas gay, dijo que Davis sigue bajo las órdenes del juez. Pero Mat Staver, quien representa a Davis y es fundador del Consejo Liberty con sede en Florida, señaló que la intrincada orden básicamente cumple con la solicitud de ella de tener más tiempo.

Davis se ha rehusado a otorgar licencias matrimoniales a cualquiera en el condado Rowan desde que la Corte Suprema Federal legalizó a nivel nacional los matrimonios entre personas del mismo sexto. El gobernador de Kentucky le ordenó emitir las licencias inmediatamente, o de lo contrario la invitó a renunciar. Ella le dijo al juez que después de consultarlo con Dios decidió que no podía cumplir dicha orden.

El decreto representa más demoras a los esfuerzos de dos parejas por obtener su licencia de matrimonio en el condado en el que viven, trabajan y pagan impuestos, luego de la decisión de la Corte Suprema de junio pasado de legalizar las bodas entre gays en todo el país.

Davis dejó de emitir todo tipo de licencias matrimoniales tras el decreto de la Corte Suprema, bajo el argumento de que ella actuaría en contra de sus creencias cristianas si emitiera con su firma una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo.

La secretaria enfrenta multas y una posible sentencia de cárcel por desacato a la corte si pierde la demanda, pero solamente la legislatura estatal le puede imputar cargos, y los legisladores no se volverán a reunir antes de enero.