El presidente Nicolás Maduro acusó el sábado a los medios de comunicación venezolanos de azuzar las compras de pánico de algunos productos básicos, cuyo desabastecimiento se ha intensificado en los últimos meses, y pidió a la Fiscalía General castigar la difusión de versiones periodísticas que considera son parte de la "guerra económica" contra su gobierno.

Maduro además denunció que la oposición estaría preparando un "colapso total" para afectar la economía, y anunció un conjunto de acciones para intensificar las inspecciones en las empresas y enfrentar así los supuestos planes para agudizar el desabastecimiento de algunos productos. No presentó pruebas de su dicho.

"La guerra económica tiene un componente psicológico", afirmó durante un discurso ante partidarios del gobierno en el estado costero de Vargas, al norte de Caracas.

"¿Por qué se producen esas compras nerviosas? Por la guerra psicológica, primero en la prensa escrita, (donde) los titulares todos los días (afirman) 'ahora va a faltar tal cosa''', comentó el gobernante.

Acto seguido expresó: "Yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general, doctora Luisa Ortega, de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela, que evalúe medidas especiales desde la Fiscalía, junto al poder judicial, para nosotros castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación".

"No puede haber impunidad... eso es propaganda de guerra. Yo le pido a la fiscal como jefe de Estado que actuemos severamente contra quienes continúen con esa guerra... nosotros sabemos qué hacer" ante planes desestabilizadores, acotó.

Maduro hizo sus afirmaciones en medio de severas dificultades de abastecimiento de algunos alimentos y productos básicos como el papel higiénico, que incluso han sido reconocidas por el Banco Central de Venezuela. Este registró un índice de escasez en agosto de 20%, una de las tasas más altas que se ha alcanzado desde que se comenzó a difundir el indicador en 1990.

El presidente y otras autoridades han responsabilizado al sector privado del desabastecimiento y han señalado a los empresarios de mantener un complot y una "guerra económica" contra el gobierno. No han presentado pruebas de lo que afirman.

Los dirigentes empresariales han rechazado los señalamientos y han planteado que las fallas en el abastecimiento son consecuencia de la reducción de la entrega de las divisas oficiales que ha afectado la importación de materias primas, equipos y repuestos, así como por las distorsiones generadas por una década de controles de precios y de cambio que han hecho caer la producción.

Los defensores de los derechos humanos argumentan que los tribunales han perdido independencia en los últimos 14 años, y fiscales y jueces actúan cada vez más en aparente sincronización con el gobierno en contra de opositores, medios de comunicación, empresarios y otros grupos que se oponen a los que ejercen el poder.

"No nos dejemos chantajear, en Venezuela hay libertad de prensa, libertad de expresión, pero lo que no puede haber es libertad para destruir el pueblo y hacerle la guerra al pueblo. No podemos aceptarlo", acotó el mandatario, quien aseguró que su pedido no se trata de un intento de censurar a la prensa.

En semanas recientes, el gobierno de Maduro tomó una serie de acciones para agilizar la entrega de las divisas oficiales a sectores claves y facilitar el ingreso de importaciones al país para combatir el severo desabastecimiento

Como parte de ese esfuerzo, Maduro anunció a mediados de mes que acordó con su par colombiano, Juan Manuel Santos, elevar las importaciones de diversos productos del vecino país para cubrir la demanda local y fortalecer las reservas alimentarias del gobierno.

Maduro decidió también que el Estado comprará en el mercado local e internacional, en un lapso no mayor de 10 meses, unas 3,6 toneladas de diversos productos y alimentos, con una inversión estimada de unos 4.650 millones de dólares, para atender el desabastecimiento.

Venezuela es altamente dependiente de las importaciones, las cuales suplen más de la mitad de los alimentos procesados que se consumen en el país, según cálculos de la encuestadora local Datanálisis. Durante el 2012 las importaciones alcanzaron casi los 60.000 millones de dólares.