Argentina: Justicia advierte sobre encuestas de opinión

La justicia electoral denunció el jueves que unas pocas empresas dedicadas a encuestas y sondeos de opinión presentaron los informes técnicos sobre la metodología utilizada tal como exige la ley, en momentos en que la idoneidad de los encuestadores ha quedado bajo sospecha por las discrepancias entre lo que vaticinaban y los resultados en varias elecciones distritales de este año en Argentina.

La Cámara Nacional Electoral informó en un comunicado que de las 35 empresas dedicadas a la realización de encuestas y sondeos de opinión en el país que están inscriptas en un registro oficial, "solo ocho presentaron las fichas técnicas correspondientes a las encuestas realizadas con motivo del proceso electoral del corriente año".

Agregó que esa cifra exigua "no se condice con la cantidad de mediciones difundidas por distintos medios a la opinión pública, privando así a la ciudadanía de la información sobre la metodología utilizada en la elaboración de las encuestas ya publicadas".

Las medidoras de opinión pública resultaron muy cuestionadas luego de la segunda vuelta para elegir alcalde de la ciudad de Buenos Aires el pasado 19 de julio. La mayoría de los sondeos auguraba una cómoda victoria de Horacio Rodríguez Larreta, delfín del actual jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, sobre el opositor Martín Lousteau por más de diez puntos. Larreta finalmente se impuso, pero por una escasa diferencia.

También hubo discrepancias entre mediciones y los votos en la elección para gobernador de Santa Fe.

Los sondeos de opinión se han vuelto una herramienta de campaña fundamental, ya que la legislación vigente fija límites de tiempo para la propaganda de los candidatos en los medios de comunicación, pero no para la publicación de sondeos.

El informe de la Cámara Nacional Electoral se produce a 11 días de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas para definir los candidatos a presidente de las distintas fuerzas políticas para las elecciones generales del 25 de octubre.

Ese tribunal reconoció la falta de una regulación sobre las mediciones de opinión pública y solicitó al Congreso que "evalúe la posibilidad de revisión del régimen vigente, para dotarlo de medios adecuados y procedimientos efectivos tendientes a su correcta observancia".