OEA se ofrece a mediar, República Dominicana rechaza

La Organización de Estados Americanos se ofreció el miércoles a facilitar el diálogo entre República Dominicana y Haití sobre la tensión migratoria que viven ambas naciones, pero el gobierno dominicano rechazó la oferta.

República Dominicana "reafirma que no ha solicitado ni requiere la intermediación de la secretaría general de la OEA por entender que no existe actualmente un conflicto entre ambos países que amerite tal cosa", dijo en Santo Domingo el canciller dominicano Andrés Navarro al leer un comunicado en conferencia de prensa, en la que no respondió preguntas.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, propuso establecer un mecanismo de entendimiento ajustado a estándares internacionales, que permita el traslado de personas entre ambos países.

Almagro presentó al Consejo Permanente las propuestas formuladas por una misión de la OEA, encabezada por el secretario de Asuntos Políticos, Francisco Guerrero, que visitó ambas naciones que comparten la isla La Hispaniola entre el 10 y el 14 de julio para conocer la situación migratoria ante el inminente comienzo de deportaciones de haitianos que viven sin permiso de residencia en República Dominicana.

El canciller Navarro explicó que su país está dispuesto a reabrir el diálogo con Haití a través de los mecanismos bilaterales que ya existen, pero sólo una vez que el gobierno haitiano "deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana".

Las autoridades dominicanas han insistido que el gobierno de Puerto Príncipe encabeza una campaña internacional de desinformación en la que acusa a República Dominicana de violar los derechos humanos de los inmigrantes haitianos y realizar deportaciones masivas, creando una supuesta crisis humanitaria.

Almagro propuso que la OEA fortalezca los procesos de registro de ciudadanos en recurso, en particular al programa de identificación de los inmigrantes haitianos, y solicitar a las autoridades buscar mecanismos para ayudar a las personas desplazadas, y en particular a los más vulnerables.

El canciller dominicano afirmó que las recomendaciones de la misión de la OEA "parten de premisas no sustentadas por el propio informe". Según las autoridades dominicanas, el informe comprueba que no existen ni repatriaciones masivas, ni crisis humanitaria.

El embajador haitiano ante la OEA Bocchit Edmond se mostró complacido por el informe y dijo que el presidente Michel Martelly ya había decidido designar a un representante de alto nivel para reiniciar el diálogo bajo los auspicios de la organización.

México, Colombia y Venezuela fueron las únicas delegaciones que ejercieron el derecho de palabra, y coincidieron en expresar su apoyo a la búsqueda de una solución a través del diálogo.

Una vez que la misión concluyó su visita, Santo Domingo rechazó días más tarde participar en una eventual reunión con la OEA por considerar que Almagro está prejuiciado en su contra.

La tensión entre ambos países surgió ante la posible deportación de miles de inmigrantes haitianos y de sus descendientes nacidos en República Dominicana, luego de que el 17 de junio pasado el gobierno dominicano concluyó un plan especial para que legalizar su estatus.

En el plan sólo se inscribieron 288.500 personas de las 524.000 extranjeros que se estima viven en el país sin permiso migratorio y el gobierno ha insistió que quienes no se hayan regularizado deberán abandonar el país o serán deportadas. Según estadísticas del gobierno, unas 40.000 personas se han ido a Haití de forma voluntaria. Existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida, según el informe de la misión de la OEA.

Organismos de derecho humanos han advertido que de forma independiente de las repatriaciones voluntarias o involuntarias de inmigrantes, en República Dominicana hay una población de descendientes de haitianos que carecen de documentos y que podrían estar en peligro de ser expatriados.

El gobierno haitiano ha insistido que la situación le creará una crisis humanitaria y sugirió negociar un protocolo de deportaciones para evitar maltratos y violaciones a los derechos de los afectados. Un protocolo en ese sentido ya fue suscrito por ambos países en 1999 sin fecha de expiración.

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El reportero de AP Ezequiel Abiú López contribuyó en esta historia desde Santo Domingo.

Luis Alonso Lugo está en Twitter como https://twitter.com/luisalonsolugo