Temen crisis humanitaria por 'desnacionalización'

Expertos dijeron que la decisión del tribunal constitucional dominicano de despojar de nacionalidad a miles de hijos de haitianos nacidos en República Dominicana podría crear una crisis humanitaria que abre la puerta para que miles de personas sean deportados y objetos de discriminación.

El fallo, dado a conocer el jueves, es inapelable y le concede a la Junta Central Electoral un año de plazo para elaborar una lista de personas nacidas después de 1929 a las que se les quitará la nacionalidad dominicana.

La medida abarca a los haitianos traídos al país, en su mayoría, como trabajadores agrícolas después de 1929 y a sus descendientes pues según la constitución, promulgada en 2010, y a una ley de migración de 2004, los hijos de inmigrantes sin autorización legal para vivir en el país no pueden ser considerados dominicanos debido a que a sus padres ahora se les considera extranjeros "en tránsito".

Muchos de los afectados por la medida "ahora son apátridas", dijo Wade McMullen, abogado del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. "Realmente no sabemos qué va a pasar con esta gente. Con base a lo que el gobierno dominicano está diciendo, estas personas no son ciudadanos dominicanos y tendrían que salir efectivamente rumbo a Haití, donde, además, no son ciudadanos. Crea una situación muy complicada".

El viernes Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, dijo que "no se les niega el derecho a la nacionalidad, sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad y regularizarse mediante el plan nacional de regularización"

Pero ni Rosario ni la junta ni la dirección de Migración dieron detalles sobre cómo se adelantaría la medida.

José Ricardo Taveras, director de Migración, aseguró en un comunicado que una vez creado el inventario de descendientes de inmigrantes ilegales y puesto en marcha el eventual plan de regularización, "no debe pasar de dos años" para que los afectados se hayan legalizado.

El plan nacional de regularización de ilegales, previsto en la ley de 2004, aún no existe y el director de Migración, José Ricardo Taveras, miembro de un partido nacionalista cuyos líderes mantienen desde hace décadas un discurso sobre la supuesta "haitianización" del país, no detalló si existe un proyecto para crearlo.

No existen cifras sobre la cantidad exacta de personas que serían afectadas pero el viernes Joseph Cherubin, presidente de una organización no gubernamental de defensa de derechos de los inmigrantes, cree que pueden ser unas 300.000 personas las afectadas, con base en una reciente encuesta que estima que 210.000 personas de origen dominicano son de ascendencia haitiana y otros 34.000 son nacidos de padres que tienen otra nacionalidad.

Este estudio es respaldado por la ONU.

La organización no gubernamental Centro Bonó estima que los afectados son cientos de miles; unas cuatro generaciones de afectados.

Antes de la promulgación de esa ley y la nueva Constitución, estas personas eran consideradas dominicanas y sus actas de nacimiento y documentos de identidad les eran expedidos.

Pero desde 2007, el registro civil suspendió la expedición de cédulas y dejó de emitir las copias certificadas de las actas de nacimiento de estas personas por considerar a sus padres o abuelos, como extranjeros en tránsito, no podían declarar como dominicanos a sus hijos.

Estas personas nacieron en las décadas de los 70, 80 y 90 en el país.

De acuerdo con estadísticas oficiales, la Junta Central Electoral tiene bajo investigación unas 16.000 actas de nacimiento de las últimas décadas y se ha negado a expedir documentos de identidad a unas 40.000 personas desde 2007.

La Iniciativa de Justicia de la organización estadounidense Open Society "está impactada y profundamente preocupada", dijo Julia Harrington, funcionaria de asuntos legales para la igualdad y ciudadanía.

"Uno siente que eso va a llegar, que en cualquier momento me detienen (los agentes migratorios) y me mandan a Haití", dijo Elmo Bida Joseph, estudiante de 21 años a quien las autoridades no le expidieron un documento de identidad y anularon una copia certificada de su acta de nacimiento debido a que es hijo de inmigrantes haitianos.

Cientos de dominicanos de ascendencia haitiana también han sido deportados por carecer de documentos de identidad, recordó Altagracia Jean, activista de la organización que preside Cherubin y a quien la Junta Central Electoral le negó sus documentos durante cinco años.

Las autoridades migratorias realizan operativos permanentemente en las calles de sus ciudades y detienen y deportan a haitianos que cruzan la frontera, sin permiso migratorio, en busca de trabajo.

"Uno está en la calle y sólo por el color de piel un agente le pide documentos", dijo Jean. Tras la decisión del tribunal "no sé qué va a pasar conmigo, si me van a volver a retener" el acta de nacimiento.

Los agentes de inmigración usualmente echan mano de los rasgos faciales y el color más oscuro de piel de los haitianos para identificarlos y pedirles que muestren sus documentos migratorios, según la organización Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes.

Las fuerzas armadas también mantienen operativos permanentes para detener el constante flujo de haitianos que cruzan la frontera sin permiso. Desde agosto de 2012, el Ejército ha detenido y repatriado cerca la frontera a unos 48.000 inmigrantes haitianos, indicó el viernes el jefe de esa institución, Rubén Darío Paulino.

"Vi todos mis sueños rotos", se lamentó Bida Joseph, quien por falta de esos documentos no pudo inscribirse en una academia de béisbol. "Que de pronto te digan que no, que no eres dominicano; es muy frustrante".

El joven nacido en un "batey", como se conoce a los pueblos dentro de los cañaverales habitados principalmente por inmigrantes haitianos y sus descendientes, no habla creole ni francés y nunca ha viajado Haití.

Como carecía de su documento de identidad, perdió hace un año su trabajo como técnico de cámaras de seguridad y está en riesgo de abandonar sus estudios de ingeniería industrial, ya que el plazo que la otorgó la universidad para presentar sus documentos está por vencer.

David Abraham, profesor de derecho en la Universidad de Miami, dijo que la medida era parte de una campaña mayor para impedir el ingreso de haitianos y alentar la auto deportación de quienes ya se encuentran en el país.

"El miedo de la República Dominicana de ser rebajada al nivel económico de Haití y el 'ennegrecimiento' del país obsesionan a los políticos dominicanos desde hace bastante más de un siglo", dijo Abraham en alusión a las diferencias raciales y al hecho de que Haití es uno de los países más pobres del mundo.

La abrumadora mayoría de los haitianos son negros mientras que los dominicanos son mestizos.

La oficina del primer ministro haitiano Laurent Lamothe se negó a hacer declaraciones sobre el fallo.

El Tribunal Constitucional argumentó que no deja sin patria a los miles de afectados, ya que la constitución haitiana otorga la nacionalidad de ese país a todos los descendientes de haitianos sin importar el lugar donde nazcan.

Pero para la jueza de ese tribunal, Katia Miguelina Jiménez, quien votó en contra de la sentencia, aprobada con el voto de 11 de sus 13 jueces, el fallo deja "desprovista de la nacionalidad dominicana, deviniendo en apátrida (...) a miles de personas que nacieron en suelo dominicano".

"Es un absurdo; ahora resulta que el gobierno dominicano le quiere dar la nacionalidad de otro país (Haití) a gente nacida en su territorio", dijo el activista Cherubin.

Durante décadas, miles de inmigrantes del vecino Haití fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos de capital estadounidense, donde permanecieron el resto de sus vidas y formaron sus familias. Sus descendientes nacidos en República Dominicana eran reconocidos por las autoridades como dominicanos, con base en las leyes vigentes en ese momento.

Según una reciente encuesta del Ministerio de Economía, en República Dominicana viven unos 458.000 inmigrantes haitianos y que la población de origen haitiana es superior a 688.000, es decir, poco menos del 10% de la población del país.

El fallo del tribunal "abre las puertas para resolver definitivamente un problema que mantiene una herida abierta en la sociedad dominicana", dijo el viernes Taveras, el director de inmigración.

Pero para el activista Cherubin la decisión del tribunal y de la Junta Central Electoral no es más que "una persecución" en contra de los descendientes de haitianos.

Martha Cuba Bautista, nacida en 1979 en República Dominicana de padres haitianos dijo que pese a tener acta de nacimiento y cédula dominicana no ha podido registrar el nacimiento de su hija debido a su ascendencia haitiana.

La decisión del tribunal fue difundida sólo días después de que los representantes de la ONU y ACNUR se reunieran el pasado 13 de septiembre con el presidente Danilo Medina para solicitarle su intervención a fin de solucionar la situación de las miles de personas a quienes la Junta Central Electoral les niega sus documentos.

Medina, quien nunca se ha referido públicamente al tema, indicó que no podía intervenir porque la decisión estaba en manos de otro poder del Estado.

"Es un genocidio civil", de acuerdo con el abogado Cristóbal Rodríguez, quien encabezó uno de los dos procesos judiciales de dominicanos de ascendencia haitiana a quien las autoridades le niegan la nacionalidad que han llegado a Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que no se trata de darles el derecho a obtener la nacionalidad, pues "han sido dominicanos toda su vida".

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A este despacho contribuyó la periodista de The Associated Press Danica Coto.