Un suburbio de Dallas no puede hacer cumplir una ordenanza que prohíbe alquilar apartamentos a inmigrantes no autorizados, falló el lunes un tribunal federal de apelaciones, la decisión más reciente sobre ordenanzas locales que varios gobiernos han aprobado contra ese tipo de inmigración.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito indicó que la ordenanza de la ciudad Farmers Branch infringe la autoridad del gobierno federal y consideró inconstitucionales varias partes. La corte de apelaciones se basó fundamentalmente en la decisión de la Corte Suprema del año pasado que invalidó varias cláusulas de la ley de Arizona para regular la inmigración.

"Concluimos que hacer cumplir esa ordenanza entra en conflicto con la ley federal", expresó la opinión de los magistrados.

La ordenanza contemplaba exigir a todos los aspirantes a inquilinos el obtener una licencia. Entonces el inspector de edificios de la municipalidad verificaría el estatus migratorio y negaría la licencia a cualquiera que estuviera en el país sin autorización. Además, los caseros que permitieran que inmigrantes no autorizados alquilaran viviendas enfrentarían multas o la revocación de su licencia de alquiler.

La decisión del lunes significa que a menos que la Corte Suprema federal decida intervenir, Farmers Branch no podrá hacer cumplir la ordenanza. Bill Glancy, alcalde de esa población, dijo el lunes que no había leído la opinión del tribunal y que no podía comentar al respecto.

La ordenanza ha estado empantanada en procedimientos jurídicos, y hasta finales del año pasado el gobierno municipal había gastado casi seis millones de dólares en honorarios legales y gastos vinculados con las leyes de inmigración, dijo un portavoz del gobierno local.

El tribunal de apelaciones en pleno escuchó argumentos en septiembre pasado después que un panel de tres jueces falló contra Farmers Branch en marzo de 2012. La decisión de que el pleno del tribunal escuche el caso es poco común y provocó especulación de que los jueces querían echar atrás la decisión del panel.

Estar en Estados Unidos sin autorización no es un delito en sí, indicó el tribunal, y a los inmigrantes en proceso de deportación con frecuencia se les exige dar a los agentes una dirección fiable. Prohibirles que alquilen apartamentos "no sólo no facilita, sino que obstruye la meta de llevar a la atención de las autoridades federales la presencia de extranjeros potencialmente deportables", expresó la corte.

Los jueces también cuestionaron el proceso en que se requiera que una persona que alquile una vivienda o un casero se les diga que apelen la decisión en un tribunal estatal de Texas, que según el tribunal de apelaciones, podría abrir "la puerta a decisiones estatales y federales contradictorias sobre la cuestión" de si alguien puede vivir legalmente en Estados Unidos.

Kris Kobach, secretario de Estado de Kansas, conocido por defender leyes de inmigración más estrictas y quien defendió el caso en nombre de Farmers Branch, no contestó a un mensaje telefónico.

Nina Perales, vicepresidenta de litigios del grupo hispano por los derechos civiles MALDEF, dijo que la decisión del tribunal envía un fuerte mensaje de que los estados y los gobiernos locales tienen "pocas vías legales" para inmiscuirse en asuntos de inmigración.

"Esperamos sinceramente que (Farmers Branch) acepte la decisión del tribunal, no malgaste más el dinero de los contribuyentes y se dedique a los temas reales que preocupan al público", dijo Perales.

Otras municipalidades que han batallado por implementar ordenanzas similares han tenido resultados diversos. Un tribunal federal de apelaciones falló contra una ordenanza similar en Hazleton, Pensilvania, pero otro tribunal permitió el mes pasado que una ordenanza parecida aprobada en la ciudad de Fremont, Nebraska, entrara en vigor.

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