Chile: buscan parar libertad de asesino de comunistas

El ex policía Alejandro Sáez participó en marzo de 1985 en el secuestro y degüello de tres profesionales comunistas, pese a lo cual la corte de apelaciones de Santiago le concedió la libertad condicional, lo que movilizó a las familias de las víctimas que apelarán junto con el gobierno a la Corte Suprema para revertir la medida.

Javiera Parada, hija del sociólogo José Manuel Parada, dijo que el asesino no cumple con un requisito básico para optar a medidas alternativas, como es el "arrepentimiento" del crimen cometido.

"Hay informes sicológicos que dicen que estas personas no han mostrado arrepentimiento, la gravedad que revierten estos crímenes que son contra la sociedad chilena en su conjunto, debe ser estudiando por las cortes con mayor atención", agregó.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, se comprometió a presentar un recurso de protección que evite la libertad de Sáez, y que junto al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior iniciarán una revisión de la ley que permite que violadores a los derechos humanos salgan en libertad.

"Lo que ha sido el fallo no lo vamos a calificar, pero en caso de materias como esta y de derechos humanos tenemos compromisos que se traducen en propuestas concretas como revisar el reglamento penitenciario y avanzar en las causales más rigurosas y estrictas", dijo Blanco luego de reunirse con parientes de las víctimas.

La responsable de otorgar granjerías a los presos es la guardia de prisiones, que la recomienda después de que el condenado a cumplido al menos la mitad de la pena, aunque la legislación chilena no distingue entre delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de los profesionales.

Parada, el profesor Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino, fueron secuestrados a pleno día, con el apoyo de un helicóptero policial, y al día siguiente aparecieron degollados en las cercanías del camino al aeropuerto internacional de Santiago.

La justicia condenó una década después a 15 autores, todos de la policía, entre ellos, Sáez, que fue castigado con la pena de muerte, que no se concretó por petición de los familiares de las víctimas. La pena de muerte se abolió en Chile en 2001.