Paraguay: Lugo pide a CIDH que lo restituya en presidencia

El ex obispo católico y actual senador opositor Fernando Lugo presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ser restituido en su cargo de presidente del que fue removido por un juicio político en el Senado en 2012.

Un comunicado de la cancillería enviado a The Associated Press señaló que el ministro Eladio Loizaga entregó copias de una notificación de la CIDH a las cámaras de diputados y senadores para que respondan en un plazo de 90 días sobre la denuncia de Lugo.

"La petición de Lugo es una ilusión porque él aceptó someterse a una disposición constitucional como el juicio político y porque su periodo de mandato constitucional feneció, terminó el día 22 de junio de 2012 cuando fue desalojado del poder", comentó el diputado Bernardo Villalba del oficialista Partido Colorado en conferencia de prensa.

Agregó que "la cámara de diputados, según la constitución, fue la acusadora y la cámara de senadores la juzgadora en ese juicio político que no fue un juicio ordinario".

Para Villalba "reponerlo en el cargo es imposible porque el periodo de su gobierno se acabó".

Lugo no hizo declaraciones ni atendió las llamadas telefónicas de AP.

Sin embargo, Emilio Camacho, uno de los abogados del exmandatario, aclaró a los periodistas que la CIDH "aún no admitió la demanda, solo pidió al Estado paraguayo el envío de todos los antecedentes del juicio político".

Es probable, añadió Camacho, que posteriormente "la CIDH decida convocar a las partes para iniciar un diálogo hacia una solución amistosa".

La remoción de Lugo por mal desempeño en sus funciones fue aprobada por 39 votos a favor y cuatro en contra una semana después de que en una finca ubicada en el departamento de Curuguaty, a unos 300 kilómetros al noreste de Asunción, murieran 11 campesinos y seis policías durante una confusa balacera.

Los labriegos habían ingresado al terreno de 2.000 hectáreas, donado al Estado en 1967 para la construcción de un cuartel militar, esperando que el gobierno les entregara tierras como parte de la reforma agraria prometida por Lugo, pero un juez ordenó la movilización de 320 policías para allanarlo y realizar un censo de los ocupantes.

Los incidentes se produjeron tras la llegada de la policía.