Colombia reducirá las acciones militares para lograr la paz

La cercanía de las elecciones regionales impulsó al gobierno de Juan Manuel Santos a reducir las acciones militares y fijar un plazo de cuatro meses para decidir si continúa las negociaciones con las FARC para sellar un acuerdo de paz que aún se ve lejano para los analistas.

La noche del domingo Santos puso un plazo de cuatro meses a partir del 12 de julio para continuar o suspender el diálogo que se desarrolla en Cuba. El lunes el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto De La Calle, anunció una disminución en las acciones de las fuerzas militares y policiales contra la guerrilla para "crear un ambiente que haga pensar entre la población que la paz es posible".

Ambas medidas se sumaron a la decisión de las FARC de poner fin a sus acciones violentas a partir del 20 de julio.

El presidente Juan Manuel Santos reconoció recientemente que si no se hay un acuerdo derrotar a las FARC podría demorar hasta 20 años.

Para el analista político y profesor universitario Vicente Torrijos, las FARC lograron que el gobierno cediera al tema del cese bilateral del fuego.

Dijo a The Associated Press que el Ejecutivo "es o era plenamente consciente de que si continuaba la arremetida terrorista (de las FARC) llegaría a las elecciones de octubre en una posición precaria y bordeando el 10 o el 15% de aceptación popular, con lo cual prácticamente todo el poder territorial" pasaría a manos de la oposición.

Una encuesta de la semana pasada de la firma Datexco reveló que Santos tiene una imagen desfavorable de 67% y que 78% de los colombianos está en desacuerdo con la forma en que su gobierno está conduciendo el proceso de paz con las FARC.

Por su parte Camilo Gómez, comisionado de paz durante los fallidos diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarais de Colombia (FARC) y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), sostuvo que los cuatro meses que puso Santos como plazo generan suspicacia porque coinciden con la celebración de los comicios para gobernadores, alcaldes y legisladores.

En entrevista telefónica con AP enfatizó que aunque es destacable que las partes se hayan comprometido a bajarle la intensidad al conflicto "de ahí a que la paz esté cerca no estoy tan seguro" porque el tema de la justicia transicional es complejo.

Voceros de las FARC han dicho que si se sella la paz no está en sus planes pagar un solo día de cárcel. El gobierno ha replicado que las amnistías totales ya no se conciben en la justicia internacional actual.

De la Calle aclaró que la reducción de las acciones militares no es un alto el fuego ni implica "inmovilidad" del ejército o la policía sino "bajar la intensidad de las operaciones militares".

"La voluntad del gobierno por alcanzar la paz es total", dijo De la Calle. "Pensamos que hay una oportunidad y después de muchos meses mirando a los ojos a las FARC creemos que hay un interés real de las FARC por poner fin a la guerra", agregó.

El anuncio del gobierno busca crear confianza y bajar la temperatura de la confrontación para avanzar en los puntos que aún faltan por cerrarse: la reparación a las víctimas, el cese definitivo del fuego, el abandono de las armas por parte de las FARC y la garantía de que los guerrilleros que dejen la lucha armada y se sumen a la vida civil podrán hacer política.

A su vez a partir del 20 de julio comenzará un proceso de supervisión del cese del fuego de las FARC por parte de Naciones Unidas y Uruguay, que ejerce la presidencia temporal de la Unasur.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dio especial importancia a la etapa de comprobación al señalar que "en el pasado fracasaron los intentos de paz porque no hubo una correcta verificación del alto el fuego".

Para acelerar las conversaciones, que llevan más de dos años y medio, Jaramillo anunció que grupos de trabajo operarán en paralelo a lo que se hace en la mesa para avanzar "en múltiples frentes".