Ordenan investigar desapariciones forzadas en El Salvador

La Corte Suprema de Justicia ordenó el viernes que se investigue la desaparición forzada de 11 personas en 1982 durante un operativo de efectivos de elite de la fuerza armada en la zona norte de El Salvador, donde los militares realizaron una acción contrainsurgente.

Según la organización no gubernamental Pro Búsqueda de El Salvador que presentó el habeas corpus a favor de las víctimas, en el operativo conocido como "Operación Limpieza o Guinda de mayo" los militares destruyeron cultivos y viviendas y habrían asesinado a 53 niños, mientras que otras 11 personas, entre adultos y niños, fueron desaparecidas.

Ese operativo fue realizado en el departamento de Chalatenango a partir del 27 de mayo hasta el 9 de junio de ese año.

Los familiares declararon que los efectivos sacaron por la fuerza de sus casas a las víctimas y las desaparecieron.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró favorable la solicitud de habeas corpus por la desaparición forzada de María Amparo Romero y su hijo; Elvira Orellana, José Rafael Franco, Pastor Serrano Serrano, Gladis Serrano Serrano, Norberto Serrano Serrano, José Mauricio Menjivar Melgar, Rosa Moreno Orellana Tobar, Milagro Navarro Orellana y Marcos López Orellana.

La Sala estableció que "todas las desapariciones forzadas de las personas antes señaladas son responsabilidad de la Fuerza Armada Salvadoreña".

"Dicha vulneración es atribuible" específicamente a los Batallones de Reacción Inmediata Atlacatl y Ramón Belloso, apoyados por efectivos de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, la Brigada de Artillería de San Juan Opico y la Fuerza Aérea salvadoreña, "unidades militares identificadas como responsables de la Operación Limpieza", afirma la Sala en un comunicado.

Ordenó también al ministro de la Defensa Nacional y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada que, "a través de una nueva verificación de sus registros y cualquier otro medio lícito, proporcione información en relación con el operativo realizado en los lugares y fechas indicadas en esta sentencia y la desaparición forzada de los favorecidos", cuyos resultados deberán ser comunicados a la Sala y a la Fiscalía General de la República.

Además requiere a la Fiscalía que investigue inmediatamente la desaparición forzada de los favorecidos, así como la determinación de la situación material en que se encuentran, con el objeto de salvaguardar sus derechos fundamentales de libertad física e integridad personal.

Los 12 años de guerra civil que concluyeron con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992 dejaron más de 76.000 muertos y 12.000 desaparecidos.