Ex soldado guatemalteco a juicio en EEUU

Un ex soldado guatemalteco declaró el miércoles en un tribunal federal que vio a uno de sus superiores disparar un fusil y lanzar una granada de mano en un pozo para silenciar los gritos de las víctimas de una masacre del ejército hace tres decenios.

El testigo, Gilberto Jordán, dijo que vio al segundo teniente Jorge Sosa parado cerca de un pozo en el poblado de Dos Erres tras ordenar la muerte de todos los habitantes en una misión de la unidad de fuerzas especiales del ejército en 1982.

Los fiscales federales alegan que ayudó en la masacre y mintió sobre ello en su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si lo declaran culpable, enfrenta un máximo de 15 años de prisión y la pérdida de la ciudadanía.

Hablando en español a través de un intérprete, Jordan lloró cuando relató al tribunal que mientras llevaba a un niño pequeño al pozo para que lo mataran, Sosa le dijo que era "una labor para un hombre".

Sosa, que era el superior de Jordán pero no era el militar de mayor graduación en el lugar, posteriormente disparó dentro del pozo y lanzó una granada mientras las víctimas gritaban, según el testigo.

"La gente que estaba allí estaban medio muertos y gritaban", dijo Jordan, quien agregó que la matanza se prolongó todo el día. "Cuando lanzó la granada la gente dejó que gritar porque estaban muertos".

La matanza de 160 hombres, mujeres y niños en medio de la sangrienta guerra civil del país centroamericano, ocurrida hace 36 años, es ahora el centro del caso que se ventila en el Condado Riverside, casi 100 kilómetros (60 millas) al este de Los Angeles. Unas 200.000 personas fueron asesinadas durante la guerra, en su mayoría a manos de fuerzas del gobierno y grupos paramilitares.

En las primeras declaraciones oficiales el martes, la fiscal federal adjunta Jeannie Joseph dijo a los jurados que Sosa iba en una patrulla que descendió sobre el pequeño poblado de Dos Erres en busca de armas robadas y decidieron matar a todos los vecinos después que algunos soldados violaron a las mujeres y los niños.

Los vecinos fueron llevados a un pozo y golpeados con un mazo en la cabeza antes de ser lanzados al fondo. Cuando una de las víctimas gritó, Sosa disparó su fusil y lanzó una granada de mano al pozo, dijo Joseph.

Sosa solicitó asilo en Estados Unidos en 1985, alegando que las guerrillas guatemaltecas lo perseguían. Le negaron el asilo y terminó mudándose a Canadá. Posteriormente regresó a Estados Unidos, se casó con una ciudadana, recibió la residencia permanente y después la ciudadanía, tras llenar la solicitud en 2007.

Los fiscales alegan que Sosa, que en un momento vivió en el condado de Riverside, ocultó su participación en las fuerzas armadas de Guatemala y la masacre cuando le preguntaron durante el proceso de solicitud de la ciudadanía, sobre sus afiliaciones anteriores y si había cometido algún delito. Sosa está acusado de hacer una declaración falsa y de obtener la ciudadanía ilegalmente.

"El gobierno presentará una cantidad abrumadora de pruebas que establecen los delitos que el acusado cometió en Dos Erres cuando era militar en Guatemala", declaró Joseph al tribunal. "El gobierno mostrará que el acusado obtuvo la ciudadanía al mentir en su solicitud y durante la entrevista de naturalización", agregó.

Pero el abogado defensor Shashi Kewalramani dijo que Sosa sí informó a funcionarios federales sobre su participación en las fuerzas armadas guatemaltecas cuando solicitó asilo en 1985.

Y aunque algunas de las pruebas presentadas en el caso son horribles, dijo Kewalramani, el caso no se trata de eso.

"Esto no es un tribunal de crímenes de guerra. No estamos aquí para decidir eso", les dijo a los jurados. "(La pregunta es:) ¿Mintió?'"

Sosa es uno de cuatro ex militares guatemaltecos arrestados por funcionarios federales en relación con la masacre de Dos Erres.

Jordan, el testigo del gobierno en el caso contra Sosa, cumple una sentencia de prisión en una cárcel federal por mentir en su solicitud de naturalización sobre su participación en lo ocurrido en Dos Erres.

Pedro Pimentel fue deportado de Estados Unidos y sentenciado en Guatemala a 6.060 años de prisión por la masacre. El cuarto, Santos López, está detenido en calidad de testigo material en el caso del gobierno contra Sosa, según documentos del tribunal.