Agentes del gobierno que sin autorización realizaron decenas de investigaciones encubiertas en operaciones de venta ilegal de tabaco hicieron mal uso 162 millones de dólares de ganancias y perdieron la cuenta de por lo menos 420 millones de cigarrillos incautados en las redadas, informó el miércoles el inspector general del Departamento de Justicia.

En un caso, los agentes de la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) vendieron cigarrillos por un valor de 15 millones y poco después entregador 4,9 millones de dólares producto de las ventas a un informante confidencial, aunque la agencia no registró la transacción debidamente.

El nuevo director de la ATF, B. Todd Jones, indicó que la auditoría cubría solo investigaciones seleccionadas, "históricas", hechas entre el 2006 y el 2011, y agregó que la agencia había corregido sus normas desde entonces.

Una auditoría describe la amplia falta de supervisión en la ATF y el procesamiento inadecuado de documentos en operaciones encubiertas que usaban la ganancia de la venta ilegal de cigarrillos para pagar por los gastos de la ATF.

La auditoría representa un nuevo revés para la acosada agencia que aún sufre por los resultados de la investigación del Congreso sobre el manejo defectuoso de la ATF de la Operación Rápido y Furioso sobre el seguimiento del flujo de armas hacia México.

"Las normas de la ATF sobre operaciones carecían de amplitud y detalles, y los gerente en la sede de la agencia, al igual que los gerentes en las oficinas de campo y los agentes especiales, a menudo no las cumplían", destacó el inspector general Michael E. Horowitz en un informe de auditoría de 53 páginas.

El inspector general recomendó que se reorganicen los procedimientos de la ATF sobre documentación, supervisión y revisión de los ingresos de sus operaciones encubiertas sobre tabaco.

Una de esas operaciones encubiertas no contaba con aprobación alguna, ni por parte de la ATF ni del Departamento de Justicia. En el caso del 2009, los funcionarios de la ATF permitieron a un distribuidor de tabaco que colaboraba con la ATF como informante confidencial retener ganancias de 4,9 millones de dólares de las ventas de cigarrillos a sospechosos de haber cometido crímenes. Los funcionarios justificaron la acción justificando que ese dinero cubría los gastos del informante. Pero el inspector general indicó que la agencia no había cumplido con "obligar al informante a que presente documentación adecuada que respalde esos gastos".

El resto de las ganancias fueron usadas por los funcionarios de la agencia para pagar otra operación encubierta de contrabando de cigarrillos, que en opinión del inspector general violaba la prohibición de la ATF sobre el uso de las ganancias de una operación en curso para financiar otra operación.

El inspector general señala que la documentación informal y el control del inventario hicieron imposible que se determinara el paradero de más de 2,1 millones de cajas de cigarrillos, que contienen un total de 420 cigarrillos, durante por lo menos 20 operaciones encubiertas de la ATF. Estima que el valor de los cigarrillos vendidos al minorista asciende a 127 millones de dólares.