Panamá y Nicaragua anunciaron el miércoles un acuerdo preliminar relacionado con una disputa limítrofe, pero ello no impidió que el presidente panameño Ricardo Martinelli fustigase al gobierno nicaragüense ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, acusándolo de vulnerar tratados vigentes entre los dos países al intentar hacer una nueva delimitación de fronteras marítimas.

Los cancilleres Fernando Núñez Fábrega, de Panamá, y Samuel Santos, de Nicaragua, dijeron que habían mantenido una reunión en la ONU en la que sellaron un acuerdo preliminar para que, en caso de que haya un traslepe cuando un tribunal internacional fije los límites definitivos de Nicaragua, no afecte las aguas territoriales panameñas.

"La política del gobierno de Nicaragua es no afectar a Panamá", dijo Núñez Fábrega.

Santos agregó que "nuestra solicitud no afecta a Panamá. No vamos a afectar a terceros países. En caso de que haya un traslape, buscaremos una fórmula de entendimiento con Panamá, como hicimos con Jamaica".

Nicaragua radicó hace poco una demanda ante la Comisión de Derechos de Límites de la Plataforma Continental de la Convención sobre el Derecho del Mar de la ONU para delimitar las fronteras entre la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia, en una iniciativa que podría afectar también a Panamá, Costa Rica y Jamaica. Tomó esa medida luego de que la Corte Internacional de Justicia le concediese ciertos territorios y aguas territoriales.

"El traslape podemos compartirlo, siempre y cuando no afecte las aguas territoriales panameñas, ni la salida del Canal (de Panamá), que tiene un Tratado de Neutralidad suscrito por la comunidad internacional", dijo Núñez Fábrega. "Si la intención de Nicaragua afectara la entrada del Canal, cualquiera de los firmantes del Tratado de Neutralidad pudiera objetarla".

Casi al mismos tiempo, Martinelli afirmaba que no ponía en duda el derecho de Nicaragua a presentar una solicitud ante la Comisión de la ONU "con miras a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas", pero al mismo tiempo expresaba "profunda y enérgica preocupación en el sentido de que las coordenadas trazadas en la solicitud nicaragüense generan una inobjetable superposición a nuestros espacios marítimos y a los tratados concertados por Panamá con sus vecinos, resultando afectada un área marítima aproximada de 49.892 kilómetros cuadrados".

Martinelli dijo que "en ningún momento (Panamá) ha desconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia", que el año pasado concedió a Nicaragua algunos territorios y espacios marítimos disputados.

En un discurso de tono mucho más moderado que el de la jornada previa de la presidenta costarricense Laura Chinchilla, quien acusó a Nicaragua de "agresiones", Martinelli expresó que "el profundo malestar que sienten el pueblo y el gobierno de Panamá no radica en la solicitud formulada por Nicaragua de extender su plataforma continental sino en el hecho de que, siendo países a los que nos unen lazos de amistad, proximidad geográfica, vecindad regional e integración política y económica, no se nos haya consultado antes de presentar dicha solicitud".

Acotó que "el intento de delimitación de fronteras marítimas" de Nicaragua "vulnera los tratados vigentes con Panamá, los cuales hemos cumplido de buena fe, así como nuestros legítimos derechos marítimos reconocidos y aceptados por la comunidad internacional".

El pasado 19 de noviembre, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre siete cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés, pero movió 200 millas náuticas hacia el este la frontera marítima que reconocía el gobierno de Bogotá en el Mar Caribe, adjudicando a Nicaragua más de 90.000 kilómetros cuadrados de mar que estaba bajo soberanía colombiana.

El gobierno colombiano dijo que acoge el fallo, pero no lo acata, por considerarlo inaplicable mientras no se resuelvan una serie de cuestiones limítrofes.

Santos dijo que se debe firmar un tratado que garantice los derechos de los colombianos en la zona porque "los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya".

La demanda radicada hace poco por Nicaragua va dirigida solo a Colombia, pero Panamá, Costa Rica y Jamaica tienen sus propias inquietudes respecto a las ambiiones nicaragüenses.

Las regiones de Gauancaste y Nicoya están en el centro de la disputa con Costa Rica.

Nicaragua no ha respondido por ahora a las quejas de sus vecinos y suspendió una conferencia de prensa que había anunciado para hoy su delegado ante la CIJ Carlos Argüello en la sede de la ONU.

Su presidente Daniel Ortega ha negado en el pasado que Nicaragua tena pretensiones expansionistas y dice que los territorios en disputa le habían sido despojados.

Sus vecinos, afirmó, "se han aprovechado de situaciones internas para adueñarse del territorio (nicaragüense), pero nos acusan de expansionistas", declaró, asegurando que Costa Rica no tiene sustento legal para conservar las regiones de Guanacaste y Nicoya.

En el caso de Colombia, Ortega ha recordado que el Tratado Bárcenas-Esguerra que le dio a Bogotá soberanía sobre las islas de San Andrés y demás cayos se firmó en los años 1930, cuando su país estaba intervenido por Estados Unidos.

"No se puede decir que ese tratado lo firmamos los nicaragüenses cuando estábamos ocupados militarmente", manifestó Ortega.