Gobierno pide rechazar denuncia relativa a general

El gobierno de Estados Unidos pide que se desestime la demanda presentada por una empresaria de Florida cuya denuncia al FBI provocó la salida del director de la CIA, general David Petraeus.

Si un juez federal da curso a la demanda presentada por Jill Kelley, el caso puede ahondar en el papel que jugaron el FBI, el Pentágono y otras áreas del gobierno de Barack Obama en el escándalo de Petraeus.

Kelley quiere investigar quién en el gobierno de Estados Unidos filtró su nombre y algunos de sus correos electrónicos a los medios en medio del escándalo desatado por la relación del general con Paula Broadwell, autora de su biografía. Las filtraciones provocaron una avalancha de publicidad negativa para Kelley, a quien se consideró la villana que hizo caer a Petraeus y al general John Allen, el comandante de mayor rango en Afganistán.

La demanda sostiene que las filtraciones representan una violación de la ley de privacidad, promulgada en 1974 después de que se revelaron las actividades de vigilancia ilegal hechas por agencias federales durante el escándalo de Watergate. La ley protege a los ciudadanos de invasiones a su privacidad sin orden judicial de por medio por parte de agencias federales que poseen información sensible relativa a ellos.

El Departamento de Justicia dijo en un documento que Kelley no ha presentado evidencias de que el FBI y el Pentágono violaron flagrantemente su derecho a la privacidad. Un "simple alegato" en el sentido de que la información provino de archivos del gobierno es insuficiente para sostener que el gobierno está involucrado en revelaciones de información personal relacionadas con Kelley, señaló el Departamento de Justicia.

El FBI y el Pentágono han eximido a muchos de sus sistemas de registros de los requerimientos de la ley de privacidad, mientras que Kelley y su esposo, que también es un demandante en el caso, han sido incapaces de especificar si la información filtrada a la prensa proviene de archivos que están sujetos a la mencionada ley, señalan documentos de la corte.

Kelley dijo al FBI que ella y otros altos mandos militares de Estados Unidos habían recibido correos electrónicos hostiles enviados en forma anónima, lo que detonó la investigación criminal que provocó la salida de Petraeus.