Intentan esclarecer masacre en Guatemala

Aracely Garrido regresó a su Guatemala natal el mes pasado a fin de enterrar a uno de sus 13 familiares que desaparecieron durante la guerra civil y que fue luego identificado gracias a muestras de ADN.

La preparadora de impuestos, de 55 años de edad y que hoy vive en las afueras de Los Angeles, pertenece a un pequeño grupo de inmigrantes guatemaltecos de la zona que han entregado muestras de ADN a fin de determinar si sus seres queridos están entre las víctimas del conflicto en el país centroamericano.

Muchos otros podrán hacer lo mismo pronto, pues el grupo de expertos forenses que en Guatemala administran un laboratorio de análisis de ADN, comparando las evidencias de restos humanos con las muestras que reciben de parientes vivos, están ahora haciendo campaña para atraer la ayuda de guatemaltecos en el exterior.

"Poder encontrarlo nos dio por lo menos algo de alivio", dijo Garrido en referencia a su primo, un obrero de la construcción y activista político que, dijo ella, fue capturado por las autoridades junto con su hijo adolescente.

Garrido expresó esperanzas de que la Fundación de Antropología Forense ubicará los restos de sus otros parientes desaparecidos, muchos de los cuales fueron atacados por las autoridades debido a su activismo político.

"Es importante aclarar el pasado, tratar de encontrar la verdad. Eso nos dará por lo menos algún tipo de paz personal", comentó.

En las últimas dos décadas, la fundación ha exhumado los restos de víctimas hallados en fosas comunes. Más recientemente, ha emprendido la búsqueda de víctimas de "desapariciones forzadas", comparando el ADN de víctimas no identificadas, halladas en instalaciones militares y cementerios, con muestras suministradas por parientes vivos.

Más de 7.000 sobrevivientes han dado muestras de ADN, entre ellos unos 20 en el área de Los Angeles que acudieron al llamado de los miembros de la fundación que viajaron a la zona el año pasado, dijo Fredy Peccerelli, el director ejecutivo de la agrupación y un inmigrante guatemalteco que se crió en Nueva York.

La campaña para pedir la ayuda de los guatemaltecos en el exterior ocurre en medio del juicio en California a Jorge Sosa, un ex comandante militar guatemalteco acusado de mentir en su solicitud de nacionalidad estadounidense sobre su participación en una masacre.

Según las acusaciones, Sosa mintió sobre su participación en la masacre de la aldea de Dos Erres en 1982, en que murieron más de 200 personas.

Uno de los testigos clave para la parte acusadora en el caso es Oscar Ramírez, un inmigrante guatemalteco que vive en Framingham, Massachusetts y quien gracias a pruebas ADN aprendió dos años atrás que había sido secuestrado cuando era bebé y criado por la familia de uno de los camaradas de Sosa, luego que casi toda su familia fuera aniquilada en Dos Erres.

Sosa, de 55 años, fue arrestado en Canadá el año pasado y extraditado a Estados Unidos, acusado de mentir en sus documentos de solicitud de nacionalidad estadounidense.

Los fiscales federales sostienen que Sosa era el comandante de las fuerzas especiales guatemaltecas que irrumpieron en la aldea de Dos Erres el 7 de diciembre de 1982, y que fue él quien supervisó la matanza. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados a mazazos y sus cuerpos arrojados a un pozo. Sosa disparó una ráfaga de su fusil en la boca del pozo, y luego tiró allí una granada, a fin de asegurarse de que nadie quedara vivo, según el expediente.

Si bien el juicio no es por crímenes de guerra, el caso incluirá los testimonios de soldados guatemaltecos y de sobrevivientes, entre ellos Ramírez, y reflejará las repercusiones que el sangriento conflicto tiene en el país, casi 20 años después de la firma de los acuerdos de paz.

Los fiscales federales se negaron a formular comentarios sobre el caso.

El abogado de Sosa, Shashi Kewalramani, declaró que el caso no es sobre lo ocurrido en Guatemala sino sobre si Sosa sabía que había sido acusado de un crimen cuando llenó la solicitud de ciudadanía.

"El único delito del que ha sido acusado en Estados Unidos es el de haber mentido al llenar un formulario", dijo Kewalramani.

Sosa pidió asilo en Estados Unidos tras salir de Guatemala en 1985, pero el pedido fue negado, por lo que viajó a Canadá. Luego obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos a través de su matrimonio con una ciudadana estadounidense, y solicitó la nacionalización en el 2007.

Sosa dijo que estaba en otro poblado, organizando eventos deportivos y construyendo una escuela, en el momento en que ocurrió la masacre de Dos Erres.

En una carta publicada por el centro de investigaciones periodísticas ProPublica, Sosa dijo que no mintió en su solicitud de asilo pues cuando se le preguntó si había sido miembro de las fuerzas armadas guatemaltecas, respondió que sí.

"Necesito desesperadamente que la gente sepa que NO he cometido ningún crimen y que yo no tengo una mente criminal", escribió Sosa en la carta escrita desde la cárcel en Canadá, donde también tiene ciudadanía. Su hermano, Hugo Sosa, confirmó lo escrito allí.

Si es hallado culpable de mentir en su solicitud de nacionalidad, Sosa podría ser sentenciado a hasta 15 años de prisión. Las autoridades federales también desean despojarle de su ciudadanía estadounidense, lo que podría preparar el camino para que regrese a Guatemala.

Un portavoz de la fiscalía guatemalteca dijo que solicitarán la extradición de Sosa para enfrentar cargos de "crímenes contra la humanidad".

Mientras el juicio destapará detalles de la brutal guerra civil guatemalteca en un tribunal estadounidense, a 80 kilómetros (50 millas) de distancia en Los Angeles, Peccerelli continuará su trabajo, tratando de hallar respuestas.

Peccerelli expresa esperanzas de que Ramírez, quien también hablará con miembros de la comunidad sobre el programa de ADN, ayudará a ganar la confianza de los guatemaltecos que aún mantienen vivo el trauma de la guerra. Desde que descubrió su identidad verdadera, Ramírez ha conocido a familiares que no sabía que tenía -- incluso su padre, quien no estaba en Dos Erres el día de la masacre -- y consiguió el asilo político a fin de poder quedarse a vivir en Estados Unidos, algo que según su abogado, Scott Greathead, es también una posibilidad para otros sobrevivientes.

___

La corresponsal de la AP Sonia Pérez D. contribuyó con este reportaje de la Ciudad de Guatemala.